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El diputado Héctor Cavallero solicitó el informe de auditoría que realizó la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que sirvió de sustento técnico al gobierno de Santa Fe para finalizar el contrato con la empresa Arssa, concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe.

Según el legislador del Partido Progreso Social, el gobierno nunca contestó la presentación de la concesionaria Arssa, en la cual confirmaba que encontraba daños estructurales, lo que implicó graves incumplimientos de las cláusulas contractuales, como por ejemplo, la repavimentación total de la traza.

“El incumplimiento es explícito ya que el Ejecutivo provincial confirmó que se hará cargo del total de las obras del trazado de la autopista las cuales le hubiera correspondido realizar a la concesionaria. Más grave aún porque el ministro de Infraestructura José Garibay confirmó que las obras se llevarán a cabo a través de vialidad provincial y le costaran aproximadamente 3.200 millones de pesos”, afirmó.

Debido a esto, un grupo de legisladores le exigen al ministro Garibay conocer el informe de auditoría de control económico y estructural elaborado por la Universidad Nacional de Rosario, acceder al informe especial del Tribunal de Cuentas y del organismo de control dependiente del ministerio, como así también conocer la totalidad del documento de “rescisión acordada” firmada entre el gobierno y la concesionaria Arssa.

“Es fundamental e indispensable poder acceder a esa documentación ya que también en la negociación nunca se discutió la rescisión la realización del tercer carril. Esto último abre la posibilidad cierta y concreta de un juicio al Estado por parte de la empresa por la rescisión unilateral del contrato de la concesión del tercer carril”.