Mientras los choferes anunciaban un nuevo paro de colectivos por la falta de pago de sus salarios, la comisión de Gobierno del Concejo Municipal avanzó, este martes, con la emergencia en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

Los ejes centrales que trataron los ediles fueron la extensión de la emergencia, se sugirió acortar su vigencia a dos años, y el rol de seguimiento que tendrá el Palacio Vasallo en la problemática.

A modo de resumen de lo planteado en otras comisiones, el edil oficialista Fabrizio Fiatti indicó que se trabaja respecto a la extensión de la iniciativa “en 24 meses” y respecto a las facultades de la comisión de seguimiento.

La concejala Gigliani, anticipó que su espacio no tiene una "posición tomada” sobre el proyecto y mencionó que se expresaba también en nombre de la titular de la comisión, Magnani y su par de bloque de Unidad Ciudadana, Andrés Giménez, y del edil Ariel Cozzoni, de Unite-Un Gol para Rosario. El motivo de la tardanza en la decisión tiene que ver con las conversaciones que la edila viene llevando con funcionarios provinciales y nacionales. En tanto, la legisladora peronista consideró “correcto el plazo de 2 años” o si se alcanzara primero “que se llegue al 55 por ciento del costo con la venta de boletos o que los subsidios alcancen el nivel que tenían en marzo pre pandemia”.

Asimismo propuso que la Secretaría de Movilidad remita informes al Concejo “cada 60 días”, y remarcó que los ediles no deben perder "las facultades de control”. Por último, propuso que deberían integrar la comisión de seguimiento representantes de los ministerios de Transporte de la Nación y Santa Fe.

Por su parte, la concejala Tepp coincidió en que “el plazo no sea por 3 años” y en reducirlo a 24 meses para mencionar que su bancada había planteado “una serie de parámetros y el que se alcance antes caería la emergencia”.

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De igual modo precisó la idea respecto que la comisión de seguimiento “tenga un rol” en cuanto al “desafío de cómo se reinventa el transporte, porque la crisis no sólo es en la ciudad y el país, sino en todas las ciudades del mundo el transporte está en crisis “. Aludió en la necesidad de trabajar en una ciudad “multicéntrica, con el trabajo, la escuela, los centros de cuidado y el comercio barrial”. También, señaló que deben resguardarse los 1.7000 puestos de trabajo del sistema y que las modificaciones “no afecten a los principales usuarios trabajadores formales e informales”.

A su turno el edil López Molina, estimó que “es necesario definiciones rápidas y contundentes porque si no se muere el transporte urbano”. Asimismo, sostuvo que la “situación es de absoluta excepcionalidad” propuso que a la declaración de emergencia "se le de un mayor contenido y se genere un marco jurídico” en ese marco inédito, “para cuidar los intereses presupuestarios de la ciudad”.

Con respecto al plazo dijo que “es un acuerdo, un consenso, porque nadie puede definir cuando se acaban los efectos de la pandemia, en esto hay incertidumbre” y requirió, al igual que sus colegas, contar con información en tiempo real.

La concejala Irizar, en tanto, manifestó que “es innegable la situación de emergencia” para marcar que “es necesario darle herramientas al intendente para administrar esta situación de excepcionalidad”. Sin embargo, la edila oficialista recordó que cuando se adjudicaron las actuales concesiones en el 2018 la situación se modificó “al reducirse en un 70 por ciento los subsidios para el interior del país·.

“No hay dudas que el sistema está en emergencia”, expresó la edila Ghilotti, e indicó que la situación es “una oportunidad para repensar un nuevo sistema de movilidad”. Además, propuso que “el Estado debe generar políticas públicas para que el transporte urbano sea más seductor y la gente se suba”.

En el cierre de las intervenciones la concejala Magnani, reiteró lo relativo a los aportes de los estamentos nacional y provincial y dijo que "no hay dudas que está en emergencia” el TUP y aclaró que dicha problemática “excede a la ciudad”.