En un nuevo capítulo del conflicto que la empresa Guerrero mantiene con sus trabajadores, la directora regional de la cartera laboral provincial, Rita Colli, manifestó que la detención e imputación del dirigente gremial Román Moyano preocupa, ya que es un instrumento para criminalizar la protesta. A la vez dijo que el ministerio del cual forma parte tampoco comparte estos métodos ya que existen otro tipo de instancias para solucionar los temas laborales.  

“No estamos de acuerdo en la judicialización y menos aún en la posterior criminalización del mismo. El problema en la empresa Guerrero se inició hace varios meses y tuvo distintos momentos en los cuales el ministerio trabajó intensamente, con el fin de que pueda solucionarse por vía de la conciliación y se preserven los puestos de trabajo”, explicó en diálogo con Sí 98.9.

La dirigente del gremio Amas de Casa, hoy con funciones en Trabajo, tildó de inadmisible la postura de la empresa que derivó en el recrudecimiento del conflicto con aristas de violencia que “alteraron la paz social” y que “llegó a limites como no se han visto últimamente”.

En cuanto a la decisión del Fiscal, fueron notificados de la resolución de mantener el acceso de ingreso a la planta liberado, pero no de la detención del joven dirigente mecánico. “Nosotros por nuestra parte intentamos siempre que el empleador venga porque entendíamos que había una posibilidad de tranquilizar las partes en términos de paz social y por supuesto, sostener los puestos de trabajo”, aseguró Colli.

Para la referente local del Ministerio de Trabajo, la empresa incumplió normas y decretos extraordinarios que rigen por la pandemia, como la prohibición de los despidos. En continuidad manifestó que los trabajadores están en todo regidos por la Constitución que establece el derecho a huelga. “Había un conjunto de situaciones que permitían la conciliación, pero no se cumplió”, añadió.

La empresa, que no inquirió a ninguna de las negociaciones, “prefirió dejar de lado la vía administrativa para incurrir en el ámbito judicial” lo que pone al Ministerio de Trabajo en un segundo plano ya que su injerencia y herramientas de intervención no le permiten avanzar sobre las decisiones del  Poder Judicial.

Durante la mañana del jueves, tras el ostracismo mediático, Jorge García González, abogado de la empresa Guerrero Motos, dijo que la empresa no echó a nadie y que los 19 empleados fueron cesanteados por abandono de trabajo. "Es mentira lo que sostiene el ministerio de Trabajo, la empresa concurrió a la audiencia”, apeló el letrado en LT8.

Por otra parte el conflicto ya tomó importancia y magnitud política. Este viernes se convocarán en la sede de la GCT local (Córdoba 2061) a partir de las 10, un conjunto de gremios de la región para un acto en repudio a la postura de la empresa que llevó el conflicto a las salas de Tribunales y que por lo pronto seguirá por esas vías.