El viernes pasado las y los trabajadores en lucha del call center Hey Latam se enteraron de que el empresario Martín Stauffer, dueño de la empresa, buscó disipar el acampe que sostienen en Buenos Aires y Zeballos desde hace dos meses y, de esa forma criminalizar la protesta a través de una denuncia penal. En este panorama, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales rechazaron la estrategia de la patronal. Pero la situación de fondo sigue: 300 trabajadores en la calle desde el año pasado, aún por encima de la conciliación obligatoria que había dictado el gobierno. 

“Esto es un lockout patronal, inventaron una falsa situación de crisis para presentar una falsa crisis y de esa forma dejar a 300 trabajadores en la calle, la empresa nunca dejó de trabajar. Hicimos un acampe y pasamos Navidad y Año Nuevo en la puerta de la empresa, la situación hoy es crítica porque todavía no cobramos el sueldo de diciembre y el aguinaldo”, señaló Tomás, uno de los trabajadores del call center ubicado en Buenos Aires al 1400.

En tanto desde la asamblea de los trabajadores intentan visibilizar el conflicto ante la sociedad, en busca de una respuesta de la empresa la cual, dicen los trabajadores, está en total ilegalidad ya que recibió durante el 2020 los ATP que brindó el Gobierno para pagar salarios ante la crisis generada por la pandemia.

“Nosotros trabajamos en pandemia, somos lo trabajadores considerados como esenciales, lo hicimos desde nuestras casas bajo la modalidad de teletrabajo”, contó Tomás y manifestó que la empresa busca con esto “hacer una reforma laboral de hecho para tomar nuevos empleados con el régimen de monotributo”.

“Es una empresa que estafa al Estado y los trabajadores. El dueño de esta empresa no sólo nos quita trabajo sino que nos quiere denunciar penalmente, quiere que nos repriman, queremos que el gobierno provincial nos reciba”, señaló el trabajador que este viernes al mediodía marchará junto a sus compañeros a Sede de Gobierno con apoyo de referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos.

En un comunicado emitido este miércoles, los trabajadores  escribieron que la empresa planteó un conflicto de naturaleza laboral y que resulta inaceptable que se avance en el fuero penal y que, en este caso incluso, se encuentra abierta una instancia en el Ministerio de Trabajo.

“Es inadmisible que se dé lugar a una denuncia penal a un empresario que se maneja desde la total ilegalidad y desoye las resoluciones ministeriales, con un lockout patronal que ya lleva más de un mes de impunidad, donde aún no pagó el aguinaldo y los sueldos, y donde adjudica que tiene otra firma dentro de la misma empresa funcionando normalmente, denunciaron”, sostienen los trabajadores. Los trabajadores de la empresa en muchos casos son madres solteras, jóvenes estudiantes, llevan cuarenta días esperando una respuesta del Gobierno ante el silencio de los patrones.

 

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