Las cifras son obscenas en el actual contexto de crisis. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) --entidades que representan 41% de las exportaciones argentinas-- anunciaron que durante el mes de mayo las empresas del sector liquidaron la suma de 2.395.285.841 de dólares. La cifra es 25% superior a la del mismo mes del 2018.

Según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), en marzo (último mes relevado) las firmas cerealeras de Santa Fe exportaron por los puertos de la provincia un total de 1.640.939.141 de dólares, 6% más en la comparación interanual. En materia de ingresos brutos, este número reportó retenciones por 4.102.347 de dólares. 

En la actualidad, las empresas agroexportadoras afincadas en suelo santafesino pagan solo el 0,25% de sus facturaciones. El año pasado, un grupo de diputados presentó un proyecto para subir este porcentaje al 1%. El bosquejo logró media sanción y pasó al Senado, donde quedó "cajoneado" por el poco consenso entre los 19 senadores departamentales. 

De haberse aprobado, en marzo la Casa Gris hubiese recaudado 16.404.391 de dólares, es decir, 12.307.045 más de lo que ingresó por este impuesto. La cifra equivale a 566 millones de pesos, un monto nada despreciable en medio de una coyuntura tan apremiante para las arcas públicas. 

La pelota en el Senado

El Senado de Santa Fe tiene todavía en sus manos la aprobación o el rechazo del proyecto. La media sanción tuvo lugar en octubre en medio de la decisión del gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte de pasajeros y de dar de baja el Fondo Sojero.

Fueron 33 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones. El peronismo y el Frente Progresista avalaron la propuesta. Los diputados Cambiemos, en cambio, no levantaron sus manos. 

"No puede ser que un quiosco o una verdulería tribute más que los gigantescos grupos agroexportadores", planteó el diputado justicialista Luis Rubeo. "La medida alcanza a cerca de 20 cerealeras agroexportadoras. De esas 20, 16 son multinacionales. No es un porcentaje significativo para la actividad económica de estas empresas”, argumentó el socialista Rubén Galassi.

Hasta el gobernador Miguel Lifschitz saludó el proyecto.“Todo lo que sirva para sumar recursos en esta coyuntura económica es positivo. Si bien se puede decir que se está gravando a una actividad importante para la provincia, en particular la agroexportadora, pero creemos que en un escenario de dificultades todos tenemos que hacer un pequeño aporte”, razonó.

El proyectó de ley pasó al Senado los primeros días de noviembre. Por identidad partidaria, el proyecto debería haber sido ratificado dado que el peronismo y el Frente Progresista, los dos grandes bloques del Senado, le dieron luz en el otro recinto legislativo. Pero no fue así.

La Cámara de Senadores tiene 19 representantes, uno por cada departamento. Hay once legisladores del Partido Justicialista y ocho del Frente Progresista, entre socialistas y radicales. Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) es el único de este interbloque que mutó en el último tiempo para el sector de Cambiemos, sin representación pura.

La presión del sector agroexportador no se hizo esperar. La mayoría de las entidades o cámaras involucradas pidieron cita por aquellos días con los senadores para argumentar en contra de esta propuesta legislativa.

Armando Traferri (PJ), senador por San Lorenzo, ciudad que respira al compás del polo industrial y agroexportador, se sentó por ejemplo a dialogar con la Bolsa de Comercio y con la Cámara Aceitera. “Estas entidades plantean que corren riesgos puestos de trabajo y que ante más presión tributaria la variable de ajuste va a ser el empleo. Meter mano rápidamente a veces puede desencadenar en algún acto de injusticia”, explicó para no apoyar la medida.

“Lo tomo con precaución, lo vamos a estudiar”, aclaró Rasetto incómodo por tener que decidir sobre el proyecto. Lo mismo que el radical Lisandro Enrico (General López): “No decimos que sí abiertamente, vamos a analizarlo”.

Lo cierto es que el año legislativo se cerró sin su tratamiento. Tampoco fue discutido en las sesiones extraordinarias. Según averiguó Rosarioplus.com, el proyecto, que todavía cuenta con estado parlamentario, está "cajoneado" y no se pondrá sobre tablas en este 2019. 

"Es exorbitante lo que están facturando estas firmas mes a mes, basta ver los números. No cobrarles más en materia de Ingresos Brutos es un síntoma de la cobardía política que tienen los senadores, hay un coservadurismo muy llamativo. Es un problema político muy serio. El senado, del que nadie habla, es el verdadero poder en Santa Fe", despotricó el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), uno de los legisladores que más defendió esta política redistributiva.