El Consulado de Bolivia en Rosario puso el foco en un presunto caso de trabajo esclavo en un campo de la provincia de Entre Ríos del que serían víctimas un numeroso grupo de personas de esa nacionalidad. El caso fue denunciado por la Secretaría de Trabajo entrerriana y desde la sede diplomática rosarina pidieron la intervención de la Unidad Fiscal de Concordia (Entre Ríos).

La denuncia, presentada por Horacio Guattini (delegado) y Emiliano Delgado (coordinador), de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, detalla que en total son aproximadamente 185 personas de ambos sexos, algunos menores de edad, que trabajan en un campo de arándanos en Calabacillas, un pueblo cerca de Concordia.

La denuncia es contra el contratista y la presidenta de la empresa Fincas del Sur S.A, por la presunta comisión del delito de “reducción a la servidumbre”. Según se constató, los trabajadores residen divididos en cinco viviendas precarias, casillas y containers, que llamativamente se encuentran en derredor de la comisaría de la localidad. Viven hacinados, sin agua caliente, luz precaria, y ducha al aire libre.

En una nota dirigida a las autoridades del Ministerio Público de la provincia vecina para su investigación judicial, el Consulado de Bolivia pidió también una nómina con los nombres de las personas de nacionalidad boliviana que habrían sufrido la explotación.  El cónsul se puso a disposición de los fiscales para dar toda la colaboración necesaria y la asistencia consular para los ciudadanos bolivianos.

El delegado de la cartera de Trabajo de Entre Ríos detalló en su denuncia que el pasado 27 de octubre los inspectores de la Secretaría y los funcionarios de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo realizaron inspecciones laborales, así como de higiene y seguridad.

Allí detectaron que los empleados, que son de nacionalidad boliviana con residencia en la provincia de La Rioja y que se encontraban alojados en la localidad de Calabacilla, serían “muchas personas en un solo lugar y que estarían conviviendo desde hace tres semanas en un espacio muy precario junto a niños”.

Se identificó al contratista, y se relevaron las condiciones de varias viviendas: “La primera vivienda con 50 personas de ambos sexos, algunos menores, en un espacio de 50 metros cuadrados cubiertos, con tres baños químicos, con duchas al aire libre y sin agua caliente, servicio eléctrico muy precario. Luego una vivienda ubicada a 30 metros al sur de la Comisaría de Calabacilla, donde se pudo visibilizar la misma situación con la misma cantidad de personas”.

Al noroeste de la Comisaria y, a pocos metros de las vías del tren, visualizaron “a unas 32 personas dentro de un container y una construcción de unos 20 metros cuadrados con unas 15 personas de distinto sexo y menores.  Luego nos dirigimos a unas casillas de madera donde se puedo visualizar a unas 40 personas”.

Las personas de todas la locaciones manifestaron que fueron contratadas por el contratista identificado del campo de arándanos, y aseguraron que trabajaban allí con anterioridad, que “les cobraban la comida y el alojamiento, y que si renunciaban se le descontaría los importes de pasaje de ida y vuelta”. También aseguraron que les habían prometido otra situación laboral mejor remunerada y formalizada, con condiciones dignas de vivienda y laborales.