Eugenio Álvarez Arnesi es alumno de la Licenciatura en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Hace unos meses hizo una monografía sobre la Ley de Fitosanitarios (nº 11.273) para aprobar la materia de Legislación Ambiental. Inspiradas en su investigación, las docentes de la materia Ingenieria Agronómica, Verónica Alsina y Florencia Spagnolli lo convocaron a una investigación en el marco de lo que llaman ‘prácticas pre profesionales’.

“Nos preguntamos qué acceso tienen los ciudadanos ajenos a esta normativa, ya que hoy está en boca de todos el problema ambiental que genera la aplicación de agroquímicos y los efectos que tienen en el ambiente”, explicó el estudiante a Rosarioplus.com.

La ordenanza de cada localidad establece las distancias de restricción del periurbano, qué productos y qué área de aplicación deben cumplir los agroquímicos.  La investigación comenzó este año, y los resultados no son concluyentes aún, ya que se esperan las ordenanzas de algunas localidades.

Para ordenar su investigación, por un lado las docentes y el alumno avanzaron en la dinámica del acceso a la información pública, en este caso a las ordenanzas de aplicación y uso de los fitosanitarios, para conocer cuánta facilidad tienen los ciudadanos, y por otro lado relevaron las normativas de cada pueblo, comuna y ciudad, para conocer cuan fácil es acceder a sus ordenanzas de fitosanitarios.

“Nos encontramos con la sorpresa de que a nivel nacional no hay una ley que regule los fitosanitarios, pero sí hay una ley provincial general del ambiente la que referencia cada localidad para regular el perímetro que rodea a su localidad”, aclaró Álvarez Arnesi.

La Constitución Nacional en su artículo 41 establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de gozar de un ambiente sano y saludable con una producción que no modifique el medioambiente, y a su vez establece que el Estado debe generar normas de presupuestos mínimos (las acciones mínimas que deben hacer los municipios) para conservar el ambiente. A esto se suma la Ley de acceso a la información pública ambiental, donde todo ciudadano tiene derecho a conocer información del Estado de manera fácil y accesible.

Bajo estos parámetros, los investigadores de Agrarias buscaron saber el ‘estado del arte’ de cada normativa de aplicación local, en todo el Departamento Rosario, para saber si es fácil acceder a las mismas: “Entramos en los sitios web de cada localidad para encontrar la ordenanza de fitosanitarios. Hay comunas muy chicas que no tienen sitio web oficial a falta de recursos, pero cuando existía la buscábamos y encontramos que muy pocas la tienen disponible al público”.

De 24 localidades en el Departamento Rosario, sólo cuatro tienen la ordenanza publicada en el sitio web, y de estas cuatro sólo dos tienen fácil acceso a éstas, una de ellas es Rosario. “Las otras dos están en los sitios web, pero es muy difícil acceder para el ciudadano regular”.

Por otra parte, sobre los municipios que no tienen la ordenanza sobre fitosanitarios en su sitio web, el estudiante explicó: “Ingresamos en el buscador de Google para buscar sus ordenanzas, y muchas veces aparecieron noticias de cuando éstas fueron aprobadas. De esta forma podíamos acceder indirectamente a la información”.

Pero también existen otras localidades en las que tampoco encontraron la información en los buscadores de Internet. “Llamamos a cada localidad contando nuestro proyecto, y consultamos si tenían ordenanza. Nos encontramos con que cada ciudad tenía en su mayoría una buena predisposición para darnos la información, y nos la mandaban por mail”.

El caso es que la Ley de Fitosanitarios es de 1995, y las comunas que la homologaron poco después tienen la ordenanza escrita a mano, por lo que en algunos casos debieron escanearlo para enviarlo por mail. “Algunas desde agosto no nos la enviaron, pero se comprometieron a hacerlo”.

Sólo las autoridades de una localidad de las 24 del Departamento Rosario no quisieron enviar la ordenanza por mail, en Coronel Domínguez, que “alegaron que esa información debíamos pedirla en persona, con una carta y documentación. Este modo va contra la ley de acceso a la información, ya que cualquier ciudadano de otra localidad se vería obligado a acercarse a su municipio para acceder”, resaltó el estudiante.