En simultáneo al debate que se lleva adelante en Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación sobre la Nueva Ley de Alquileres, asociaciones de inquilinos de todo el país lanzaron un duro comunicado contra distintos sectores políticos y apuntaron en particular a las inmobiliarias.

En el texto sostuvieron que el problema no radica en el contenido de la Ley, sino en la falta de cumplimiento y control para su correcta aplicación. Si bien en este sentido cayeron sobre el gobierno nacional, también dejaron lugar para las críticas a la oposición, sector al que acusaron de querer derogar en plazos exiguos una Ley que llevó años de tratamiento.

A su vez consideraron que las inmobiliarias tejieron alianzas con el sector más reaccionario a la legislación para evitar su total aplicación, instalando la idea de que la Ley no funcionó, sin exhibir datos fehacientes sobre esa afirmación.

“Esta falta de políticas públicas, así como la falta de control del cumplimiento de la ley, la falta de asistencia para denuncias de incumplimiento y también la falta de un adecuado registro de contratos de alquiler, así como la insaciable especulación inmobiliaria son las que resultan en la grave crisis habitacional que padece la población inquilina de todo el territorio nacional”, señalaron en un texto que lleva la firma de asociaciones de inquilinos de todos el país, organizaciones de la sociedad civil y sindicales.

Por estas horas se debaten posibles modificaciones en comisiones de la Cámara de Diputados. Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente. Otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.  

Si bien hay un sector que se inclina por modificaciones, el grueso de la oposición pretende derogar directamente la legislación vigente. Al respecto, el comunicado señaló: “Volver a la situación anterior donde el sector rentista definía unilateralmente los aumentos sin límites y las inmobiliarias cobraban comisiones extorsivas o las condiciones obligaban a la población inquilina a la mudanza periódica cada 2 años, no es una solución”.

A su vez, plantearon: “¿Es democrático derogar una ley que llevó 5 años de debate, imponiendo un debate de menos de un mes, en un país donde no existen datos oficiales de la situación habitacional y la mayoría de los datos del sector privado son elaborados a pedido de los operadores inmobiliarios que especulan con el incumplimiento de la ley?”.

Por otra parte, consideraron necesario el acompañamiento de los representantes políticos ante los intereses inmobiliarios, y consideraron que en realidad las dificultades que atraviesan los inquilinos no tiene que ver con la nueva Ley sino que son “resultado de la feroz devaluación salarial, la hiperinflación, la dolarización y financiación de la vivienda y también del ajuste económico que se impone a la clase trabajadora”.