El socialismo en la Legislatura se sumó a las “alternativas superadoras” para la continuidad de Vicentin y presentó un proyecto por el cual la provincia de Santa Fe se haría cargo de gran parte de la deuda comercial. Mediante una reestructuración societaria, el Ejecutivo provincial compartiría el directorio con acreedores públicos, privados y sindicatos pero se reservaría la “silla de oro”.

Se trata de un Plan B del bloque de diputados socialistas del Frente Progresista encabezado por el legislador Joaquín Blanco y que logro la adhesión de todo el arco opositor, con excepción del bloque Juntos por el cambio, y, naturalmente el oficialismo justicialista.

La idea es que la provincia de Santa Fe auxilie a los acreedores mediante el Fondo de inversión y Desarrollo de la Santa Fe, Ley N° 13.622. Puntualmente que adquiera mediante una negociación, las acreencias y derechos solo de las pymes productoras de granos y cooperativas que estén en el concurso preventivo de acreedores. La operación se calcula en unos 16.000 millones de pesos.

Con esos derechos en la mano, el Ejecutivo ocuparía el lugar de ellos en el concurso y de esa forma tendría una participación y posición indiscutible en el marco de las decisiones judiciales. Incluso para formar parte en el futuro de la empresa, cualquiera sea la forma societaria que adquiera.

Llegado el momento, el Ejecutivo Provincial le hará una propuesta de reestructuración societaria a Vicentin. La misma, a través de la modificación del Estatuto de la empresa, posibilitaría la incorporación como accionistas de acreedores públicos y privados (cooperativas y productores), y la participación en el directorio del gobierno provincial y los sindicatos en nombre de los trabajadores. El detalle nada menor es la acción de oro queda para la provincia, es decir, el poder de veto para decisiones estratégicas.