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El fiscal Federico Delgado imputó este miércoles a la actriz Andrea Del Boca por destinar fondos públicos para la grabación de una telenovela que, finalmente, nunca se exhibió.

De esta forma, dio impulso a la investigación de una denuncia presentada la semana pasada por el abogado Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, que apuntaba al financiamiento y la contratación directa para la producción y grabación de 25 capítulos de una novela producida por parte de la empresa 'a+A Group' a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

Ahora, el juez federal Sebastián Casanello deberá analizar si da lugar a las medidas de prueba requeridas por el fiscal Federico Delgado, entre ellas que se cite a prestar declaración testimonial a “todas las personas que intervinieron en la novela, es decir a actores, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, entre otros”.

Además, en el dictamen que emitió hoy, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que “el juez debería convocar a expertos en derecho administrativo para determinar si la contratación se realizó conforme a la normativa vigente”.

En su denuncia, el abogado Ricardo Monner Sans había señalado que “el Estado Nacional habría financiado mediante una contratación directa 25 capítulos de una novela protagonizada por Andrea del Boca y producida por “a+A Group”, dirigida por dicha actriz y su hermano, Nicolás del Boca”.

También, recomendó “convocar a expertos en derecho administrativo para determinar si la contratación se realizó conforme a la normativa vigente”.

A su vez, indicó que “correspondería establecer el criterio con que se decidió suministrar el dinero, las cuentas bancarias utilizadas para canalizarlo y obtener el acta constitutiva de la productora 'a+A Group'”.

En tanto, en relación a un escrito de ampliación de su denuncia presentado por Monner Sans, Delgado pidió convocar al testigo “para que ratifique la información aportada, especifique cómo la obtuvo y brinde razón de sus dichos”.

También, planteó que “debería evaluarse si corresponde reservar su identidad como lo solicita el denunciante”.

(Télam)