El juez penal de segunda instancia de Rosario Daniel Acosta resolvió que la llamada "Megacausa" en la que se investigan fraudes inmobiliarios y lavado de activos a cargo de una organización que incluyó a empresarios y escribanos, entre otros actores, permanezca en el fuero provincial, desechando las pretensiones de las defensas de los imputados, quienes buscaban que el proceso pasara al fuero federal.

El camarista confirmó así una resolución de primera instancia de octubre de 2017 en el mismo sentido. En aquella oportunidad, el tribunal compuesto por los jueces Hernán Postma, Héctor Núñez Cartelle y José Luis Suárez resolvió no hacer lugar a la declinatoria de los defensores que cuestionaron la  competencia del lavado de activos, un punto que ha traído cola durante todo el proceso, generando demoras en el mismo.

Las defensas de Juan Roberto Aymo; Luis María Kurtzemann; Maximiliano, Magalí y Juan Cruz González de Gaetano; Leandro Pérez; Juan Bautista Aliau; Sandra Moresco y José Luis Gordo de apelaron la resolución y, de manera extraoficial, ha trascendido que esos abogados están dispuestos a ir hasta la Corte Suprema. Sin embargo Acosta rechazó el pedido de los abogados defensores para que los jueces provinciales se declararan incompetentes.

Vale recordar que en septiembre del año pasado, un fallo del juez federal Carlos Vera Barros agitó las aguas y generó más tensión de la que ya existía entre defensores y fiscales. Es que, ante el pedido de que la justicia federal asumiera la causa, el magistrado se declaró incompetente.

Pero en su resolución fue un poco más allá en sus palabras: concluyó que no se registraba en este caso el delito federal de lavado de activos, algo que los abogados defensores celebraron y esperan utilizar a su favor. Una situación que en la Justicia provincial lógicamente vieron con preocupación. Así se llegará en breve a la audiencia preliminar, ya sin el filtro de la competencia como primer paso para dejar todo listo de cara al juicio.