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Fiscales y defensores públicos rechazan que la Legislatura pueda removerlos

La Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los Defensores Públicos de la Regional Rosario rechazaron la modificación de la Ley 13.014 del Servicio Publico Provincial de la Defensa Penal que deja en manos de la Legislatura provincial la facultad de remover de su cargo tanto a fiscales como a defensores. Advierten que esta nueva ley “afecta la independencia de poderes” y significa un “claro retroceso” al proceso de reforma penal de la provincia.

"Se ha reemplazado un modelo de régimen disciplinario legal, previsible y transparente por un sistema de dudosa constitucionalidad, que afecta la independencia de poderes, propia de un modelo republicano de gobierno", señala un comunicado de la Asociación de Fiscales, al tiempo que advirtieron que la nueva ley los deja "en una posición completamente vulnerable frente a los factores de poder de la provincia".

“Se ha generado un claro retroceso al, en su momento tan valorado, proceso de reforma procesal penal de la provincia de Santa Fe”, afirmaron los defensores en otro comunicado. “En un trámite express, a espaldas de los actores institucionales interesados y sin el debate amplio y necesario para modificar una norma de esta naturaleza, se ha afectado la independencia y la autonomía del Servicio Publico Provincial de la defensa Penal”, indican los defensores públicos, quienes tildaron de “discutida constitucionalidad” a la nueva ley. 

Para la Asociación de Fiscales, la ley aprobada por la Legislatura provincial "genera un riesgo cierto de menoscabo de la calidad institucional, dado que la nueva ley condiciona a los fiscales que pretendan impulsar una investigación contra personas con incidencia política" que, entienden, los expone a "ser destituidos a través de una simple votación en la Legislatura”.

En ese mismo sentido, los defensores advierten que “mediante este nuevo mecanismo de remoción puede ponerse en riesgo la labor del defensor público ya que el mismo tiene entre sus funciones la de controlar y denunciar las condiciones de detención generadas por el Poder Ejecutivo, la de impugnar en sede judicial las leyes procesales inconstitucionales que se promulguen y por sobre todas las cosas, la de ejercer la asistencia jurídica de personas que no gozan del apoyo popular”. “Estas tareas pueden verse resentidas al dejar en manos exclusivas de los legisladores la posibilidad de remoción”, apuntaron.  

Antes de ser modificada por la Legislatura provincial, la Ley 13.014 preveía un sistema donde el control y remoción interno de los defensores estaba sometido a un Tribunal de Disciplina que creaba especialmente esa ley y que estaba integrado proporcionalmente por distintos actores institucionales – colegios de abogados, Defensor Regional y Provincial y además un diputado y un senador provincial. “El órgano creado intentaba equilibrar los representantes para que la remoción no quede en manos exclusivas de ninguno de ellos resguardando de ese modo la autonomía funcional y administrativa que regula como principio general el Art. 9 de esa misma ley”, agregaron los defensores. 

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