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El uso de armas particulares en servicio divide opiniones en Santa Fe 

En una nueva disposición, el Ministerio de Seguridad de Nación habilitó a que el personal de Gendarmería pueda utilizar armas propias en los patrullajes. Se debe a restricciones presupuestarias para cubrir la falta de armamento reglamentario. La resolución tiene opiniones encontradas entre los especialistas locales en materia de seguridad pública

Los efectivos de Gendarmería podrán usar a partir de ahora armas particulares en servicio. La nueva norma interna se ampara en la necesidad de tener "más control" sobre el armamento no reglamentario y en restricciones presupuestarias.  

La disposición, que se apoya en la "emergencia de seguridad pública" decretada por la Casa Rosada en 2016, elimina la prohibición vigente en "Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleos de Armas de Fuego", que regía desde 2013.

Según la nueva normativa, "la institución enfrenta una falta en los recursos materiales como el armamento de puño de propiedad institucional, por lo que resulta dificultosa la provisión al personal, a fin de realizar los correspondientes actos de servicio".

Además de los registros de la Agencia Nacional de Material Contraldos (Anmac) --ente encargado del control de las armas de fuego--, la propia fuerza habilitará un sistema de registro, control y seguimiento de todas las armas particulares de los uniformados.

El jefe de Gendarmería, Gabriel Otero, explicó que la medida "trasciende el hecho económico" y apunta sobre todo a "tener un control real" de todas las armas que se utilizan en servicio. "Soy el comandante en jefe de esta fuerza y tengo la responsabilidad de que las cosas funcionen bien y quiero que la gente sepa que tomamos más medidas de control. Así, el día que hay un problema no nos van a poder jorobar", le explicó Otero a Ámbito Financiero, diario que reveló la información. 

El funcionario detalló la secuencia de requisitos que se les exigirán a los gendarmes que quieran portar sus propias armas: "Primero deberán ser armas de un determinado calibre, 9 milímetros, que usamos nosotros. Obviamente tienen que ser legítimos usuarios y contra con tarjeta de portación y tenencia de la Anmac. Recién ahí podrán manifestar su interés en utilizarla en servicio y serán sus jefes quienes deberán constatar que la documentación está en regla para luego mandarla a la Dirección de Arsenales y dar de alta el material para la actividad profesional". 

La Ministra de Seguridad en una recorrida junto a las Fuerzas (Télam)

La mirada en Santa Fe

Rosarioplus.com dialogó con el ex comisario y ex asesor del Ministerio de Seguridad provincial, Mariano Savia; y con el criminólogo y docente de la UNR, Enrique Font, para conocer las implicancias y los riesgos de esta nueva disposición. Los especialistas entregaron visiones opuestas sobre los alcances de la medida.

Para Savia, no existe "ningún impedimento" para que esta decisión se lleve a la práctica con buenos resultados. "Si el arma está debidamente registrada, tanto en Anmac como al interior de la fuerza, no debería haber ningún problema", explicó.

Detalló que en Santa Fe hay presupuesto para dotar a los agentes con armas reglamentarias, aunque reconoció que no existe una prohibición taxativa sobre las armas personales. "No se acostumbra a que los uniformados lleven consigo el arma en servicio, pero tampoco habría impedimento si esto ocurriese", señaló.

Savia afirmó que hay cada vez menos agentes con armas propias debido al costo económico de manutención. "Hoy es caro tener un arma. Los aranceles son muy altos, por lo que muchos policías deciden entregar sus armas al no poder costearla", subrayó. 

Font, en cambio, puso la lupa en un contexto político que avala medidas de esta naturaleza. A su juicio, la gestión de Cambiemos vino a "romper una tendencia" que, con avances, retrocesos y dificultades, se venía registrado desde la recuperación de la democracia en "reformar las fuerzas de seguridad desde la regulación del uso letal de las armas de fuego".

Se aplicaron políticas de seguridad en sintonía con tratados internacionales (limitar, por ejemplo, el uso de las armas) que hoy están siendo "desarticuladas". Para el catedrático, no hay "ningún dato de la realidad" que justifique engrosar el arsenal del que disponen los agentes de seguridad. 

"Es una decisión política en medio de un clamor punitivo que avala gran parte de la sociedad. Se da en el marco de lo que muchos llaman la docrina Chocobar, que no es más que la promoción de la ilegalidad y la violación del código penal.  Es otra concesión a los sectores más conservadores de las fuerzas se seguridad y una clara la sumisión ante el poder policial", argumentó.

Font ve dos "grandes riesgos". Por un lado, la normativa va a dificultar el control de las armas y de las municiones que están a disposición de las fuerzas, ya de por sí "complejo y difícil"; y por el otro, "va a poner en riesgo la vida de muchos gendarmes". 

"Son pocos los policías que mueren en enfrentamientos, como se quiere hacer creer, las muertes de los policías, sobre todo de los agentes federales, ocurren cuando están de civil, cuando van o regresan del servicio, cuando utilizan sus armas personales en la calle", aseveró. Y concluyó: "No se va a proteger la vida de nadie, ni la de los civiles, ni la de los propios uniformados".

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