El pasillo que conecta la casa de Claudia Suárez, en la ciudad de Santa Fe, con la de su hermana es un camino prohibido y peligroso. Al fondo se menudea cocaína y porros: pasan rápido, compran y se van como un fantasma. Claudia denunció más de 20 veces a su hermana y a cuñado, pero en lugar de terminar con la situación, comenzó una persecución que no mezquinó en usar armas de fuego, incendiar su casa y amenazar con matar a sus hijos.

La custodia del Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Víctimas y Testigos -sancionado en octubre de 2015-, nunca llegó y la desesperación la llevó a encadenarse esta mañana en la Casa Gris junto a Norma Castagno y Adriana Abaca, integrantes de Madres Solidarias, “hasta que el gobernador atienda”.

El 5 de enero hizo la denuncia que desencadenó la furia de su cuñado. Primero su hermana, María Luján Suárez, fue detenida con una balanza para pesar droga y un arma tumbera, pero al otro día la dejaron libre. Lo primero que hizo al salir, fue pasar junto a su pareja, Darío Sosa, por lo de Claudia y exigirle a base de amenazas que retire la denuncia.

“De ahí en más fue todo una pesadilla. Me tirotearon la casa, golpearon a mi hijo de 9 años, me amenazan todo el tiempo para que retire la denuncia, y hasta me prendieron fuego la casa. Me tuve que ir a vivir a lo de una prima, pero también ahí siguieron persiguiéndome. No puedo ni ir a llevar a los chicos a la escuela porque me esperan en la puerta,”, relató Claudia a Rosarioplus.com.

La presión es tan asfixiante que tuvo que dejar de trabajar en un geriátrico y vivir “del trueque”.  Los ataques no pararon desde aquel 5 de marzo. Primero contra su casa, ahora a los tiros contra la de su prima.

Pero a esta situación se le suma la violencia corriente que el mundo del narcotráfico exuda a diario. Más de una vez, “los del fondo” se balearon con otras bandas por el negocio. Las balas pican tan cerca que en una oportunidad rozaron a su hija de tres años.

Según contó Claudia, el fiscal Omar de Pedro solicitó la custodia oficial para el reguardo de su integridad física pero nunca llegó. “El ministro de Seguridad me dijo que salía muy cara mi custodia, por eso no me la dan”, argumentó, Claudia.

“No le llevan el apunte porque dicen que es un problema familiar”, explicó Adriana Abaca. Tras dos meses de aquella denuncia, la situación la saturó. Por eso desde Madres Solidarias se acercaron y decidieron ir a la Casa Gris a exigir la custodia. “No nos vamos a ir hasta que nos atienda el gobernador Lifschitz”.