La agrupación HIJOS recusó este lunes al abogado José Luis Vázquez, histriónico y vehemente defensor del senador sanlorencino Armando Traferri en la causa que lo involucra en connivencia con el juego clandestino en la provincia. La entidad que agrupa a hijos de víctimas de la represión ilegal y el terrorismo de Estado en los '70 solicitó a la Justicia en Santa Fe que el letrado sea indagado por su participación como fiscal durante la última dictadura cívico militar. Esta solicitud también alcanza a otros tres funcionarios que prestaron servicio y a quienes se los acusa de colaboracionismo con el régimen.

El pedido, en nombre de la presidenta de la agrupación de derechos humanos, Ingrid Schegtel, con patrocinio de las abogadas Nadia Schujman, Natalia Moyano y el abogado Juan Pablo Menichelli, encuadra dentro del expediente que investiga el desempeño del ex juez de Rosario Guillermo Tschopp y otros funcionarios judiciales cómplices de la dictadura más sangrienta, que gobernó el país entre 1975 y 1983.  

En ese marco, se solicitó la indagatoria para Tschopp por el grave delito de asociación ilícita por el cual erróneamente no había sido juzgado anteriormente. En tanto, se pidió que se le tome declaración como imputados a Pedro Tiscornia, Horacio Calverie y José Luis Vázquez, abogado del senador departamental Armando Traferri, acusado de asociación ilícita en una causa de juego clandestino por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Unidad Delitos Complejos, quienes pidieron ante la Legislatura santafesina el cese de la inmunidad del senador, pero no fue concedida.

“Los fiscales (acusados) aportaron una garantía de impunidad a las fuerzas represivas, aporte indispensable para que el genocidio tuviera lugar”, resaltaron en su escrito las abogadas de la representante de Hijos. “El rol que tuvieron aquellos que se desempeñaron como Procuradores Fiscales ha sido, al igual que el caso del magistrado Tschopp, el de garantizar la impunidad de los delitos que por aquel entonces cometían las fuerzas represivas”, agrega la presentación a la cual accedió el portal Zona critica.

En cuanto a quienes se desempeñaron como fiscales, dice la misiva judicial, si bien es cierto que según el esquema procesal vigente en aquel momento la investigación se encontraba en manos del Juez Federal, “la norma procesal ponía en cabeza de ellos una especial posición jurídica de protección, la cual fue, sistemáticamente violada por todos y cada uno de los Procuradores”.

Los abogados de la agrupación fundamentaron su requerimiento en un artículo del Código Penal en donde se señala que los fiscales deben “vigilar el fiel cumplimiento de las leyes y reglas de procedimiento” y queda en evidencia que “nada de eso hicieron porque permitieron y promovieron que se impongan penas de larga duración a presos políticos con la única prueba de su confesión en sede policial sin la presencia de abogados y bajo tormentos físicos y psíquicos”.  

Para los denunciantes , el carácter sistemático de la omisión de investigar en el caso tanto de Tschopp,  como de los Procuradores Fiscales imputados y del Secretario, excede los denominados “delitos de infracción de deber” y corresponde entenderlos como aportes concretos a las conductas típicas desplegadas por los miembros de las fuerzas de seguridad, con lo cual la conducta de los funcionarios judiciales debe ser calificada como participación primaria en los delitos así cometidos, léase: homicidios, torturas, privaciones ilegítimas de libertad, desapariciones forzadas.

A Vásquez, en complicada situación, se le solicita la indagatoria por presunta comisión de diversos delitos: participe primario, excepto el de asociación ilícita. De concederse la indagatoria, el abogado deberá responder por el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por su rol de funcionario público y por los tormentos ocasionados a seis militantes.

A Claverie se lo acusa de haber cometido delitos contra 60 militantes políticos y Tschopp como jefe de la asociación ilícita. En tanto este último fue juzgado en setiembre de 2020 por el juez federal Marcelo Bailaque por privación ilegítima de la libertad contra 55 personas en condición de participe fundamental y necesario, sumando tormentos físicos y psíquicos a las víctimas.    

Según refiere el portal Zona critica, el rol de Tschopp era de funcionario colaboracionista: la omisión de investigar las denuncias de apremios y torturas que denunciaban los detenidos “blanqueados” frente a él, algo muy parecido al rol que tuvo el ex secretario del juzgado federal (y luego juez en democracia) Víctor Brusa.

Para lograr que se llegue a esta conclusión del papel colaboracionista de estos funcionarios, fue de vital importancia el trabajo que llevó a cabo el fiscal federal Adolfo Villate quien investigó una serie de habeas corpus presentados durante la dictadura por familiares de las víctimas que nunca fueron puestos a consideración ni atendidos, agravado que muchos de ellos sufrieron tortura en incluso fueron desaparecidos por el aparato represor del Estado.

En todos los casos se pidió la prisión preventiva de los señalados como colaboracionistas en donde se justifican con antecedentes de casos nacionales, pero con la premisa que “todos los imputados participaron como funcionarios de un poder judicial que ahora debe juzgarlos” y por la gravedad de los delitos señalados, en donde abundan  sentencias a otros ex funcionarios en el país, por haber tenido roles o desempeños similares.