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La Justicia realizó este viernes modificaciones en las imputaciones de cinco de los nueve acusados por la megacausa que investiga una seguidilla de presuntas estafas inmobiliarias y lavado de activos. La decisión, que recae sobre los escribanos Juan Bautista Alliau y Luis Kurtzemann, el gerente del diario la Capital, Pablo Abdala, el agente bursátil  Jorge Oneto y Leandro Pérez, implica que ya no se les achaca el delito de asociación ilícita.

Sin embargo, según explicó el fiscal Sebastián Narvaja tras la audiencia, para estos imputados se amplió la calificación a "un tipo agravado del delito de lavado de activos", que es el "lavado en banda".

Por otro lado, la Justicia confirmó todas las prisiones preventivas que se habían establecido al inicio de la causa, en octubre, y el resto de las figuras delictivas que se habían imputado a los nueve acusados. Solo Raúl Onetto varió su situación, ya que se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Asimismo, al empresario Abdala se le rebajó a la mitad el monto de la fianza por la que quedó en libertad. De 800 mil pesos, la Justicia llevó la cifra a 400 mil.

ulmina así una semana en la que hubo nuevamente movimientos en torno a la megacausa por estafas y lavados. Es que el lunes se ampliaron las imputaciones a algunos de los acusados: a Leonardo Pérez, Luis María Kurtzemann y Roberto Aymo se les imputó el delito de tenencia ilegal de arma de uso civil; a Maximiliano González De Gaetano, tenencia ilegal de arma de guerra, además de una ampliación de la imputación por la propiedad de Montevideo 1967; a Eduardo Torres, tenencia ilegal de arma de guerra; y a Juan Bautista Aliau, apropiación indebida de tributos.

Asimismo, el miércoles la Justicia aceptó sumar como querellantes en la megacausa a la Provincia, a pedido del propio gobernador Miguel Lifschitz, y al agente inmobiliario Juan Marcelo Borghi, quien asegura haber comprado de buena fe uno de los inmuebles involucrados en la causa.