__tadevel:head__

Los últimos años de Laboratorios Apolo fueron agitados en términos judiciales y laborales, coronados por una madrugada de terror cuando este lunes explotó una de sus calderas y dejó un herido grave además de fuertes daños estructurales en los alrededores.

La jueza del Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la Primera Nominación, María Andrea Mondelli, declaró hace poco más de un mes la quiebra a pedido de uno de los acreedores. Sin embargo, la misma no terminó de efectivizarse dado que uno de los apoderados realizó un depósito que canceló la deuda con el acreedor. Ante esta predisposición, la magistrada dispuso que cancele los pagos al resto de los acreedores, que serían más de diez, para que no se efectivizara finalmente la quiebra.

Pero esto ya había sucedido en 2012. Por una deuda de la anterior gestión, la Justicia Civil y Comercial había dictado la quiebra aunque el equipo legal de Apolo había pedido la revocatoria de la misma a partir del pago correspondiente con el acreedor.

De todos modos, la situación no había mejorado laboralmente. De producir más de un millón de sueros por mes, exportar a Paraguay y tener una gran tajada del mercado en la Argenitna, se pasó a producir muy poco. Con sueldos atrasados y sin la presencia de los dueños, unos 50 trabajadores tomaron entonces la planta y comenzaron a vender tortas, empanadas y pastelitos para poder subsistir. A su vez, utilizaron las instalaciones para armar un lavadero de autos. Como la quiebra no llegaba, no pudieron utilizar la salida de la cooperativa como lo prevé la ley de Concursos y Quiebras.

En marzo de 2013, la justicia ordenó la restitución de la planta tomada. En medio detodo este conflicto laboral, un ex director técnico acusó a la empresa de seguir utilizando su firma como profesional para avalar la sanidad de las partidas que elaboraba, pese a que hacía más de un año que no formaba parte de la compañía. En esto se apoyaron los empleados para denunciar penalmente que los sueros habían salido a la venta sin el control control requerido, causa en la que incluso intervino la Anmat.