La Cámara Civil de Rosario fue escenario este martes de una nueva audiencia presidida en efecto para esta causa por los jueces de la sala II Gerardo Muñoz, Jésica Cinalli y Ariel Ariza, quienes escucharon los argumentos de los apoderados de la Municipalidad y de los vecinos de Pichincha en relación a una causa por ruidos molestos que tuvo su primera resolución en diciembre de 2019.

En esa oportunidad el Tribunal recogió los testimonios de dos vecinas que además presentaron pruebas y videos de lo que acontece por las noches en la zona, además la línea de lo que se conversó fue en cuanto a los procedimientos de fiscalización sanción y control que se llevaron a cabo durante este último tiempo. De aquí en más no habrá nuevas audiencias y las partes esperarán sin fecha programada que los jueces se expidan y dicten una sentencia.

En representación de los demandantes comparecieron las abogadas Analía Antik y Adriana Taller, mientras que por el Ejecutivo lo hizo el departamento Legal a cargo de la Subsecretaria Legal y Técnica Juliana Conti.

El caso llegó a segunda instancia porque el primer juez a cargo se excusó por vivir en la zona. Después fue Pedro Antonio Boasso, a cargo Juzgado Civil y Comercial N° 15, quien tomó las riendas del expediente y dictó una polémica cautelar que impedía la habilitación de nuevos emprendimientos para la diversión en la zona que generó aún mayores rispideces entre vecinos y comerciantes.

Viviana Valenti fue una de las dos vecinas que este martes por la mañana expuso en la audiencia. Relató a RosarioPlus que se les permitió hacer una presentación de 10 minutos. Entre otras cosas dijo que nació y vive en Pichicha, que es un barrio residencial que fue cooptado por los negocios gastronómicos y que el problema principal es sentirse totalmente indefensos. “Queremos calidad de vida, no estamos en contra de los locales gastronómicos, pero necesitamos que se cumplan las normativas”, manifestó.

Para Valenti la Municipalidad padece un defecto, porque considera que labrar actas es la solución para Pichincha, además pensar que por cantidad de multas la situación vaya a mejorar. “Los controles no hacen a la cuestión de fondo que es la falta de trasparencia en la habilitaciones”, sostuvo la vecina que además denunció que esta documentación no está al alcance de cualquier ciudadano por lo cual es muy difícil saber en qué rubro fue habilitado un local.

Según la damnificada las habilitaciones van en contra de muchas normas, como es el caso de los centros de manzana o tener factores ocupacionales que superen las 1000 personas. Si bien nunca se va a llegar a esa cifra, si vos tenés 100 personas hablando en tu ventana no podes descansar. “La verdad es que hay habilitaciones extrañamente aceptadas, como terrazas que tiene permiso para tener gente hasta las 10 de la noche y sin embargo hay movimiento hasta las 3 de la mañana”, lanzó.

Valenti argumentó que solo se labran actas y se actúa si el vecino denuncia, por ese motivo sostuvo, hay mucha trasgresión: “Denunciar es todo un tema porque uno debe salir a la calle y filmar, sino después cuando pasa la GUM no constata. Entonces nosotros en nuestras redes subimos el video y la denuncia hecha y la no constatación de la GUM para que se vea que los controles no funcionan”.    

También hay ordenanzas que no son adecuadas, advirtió, como ahora con la pandemia se les permitió a los gastronómicos usar  también las veredas linderas y la calle. “No sería ese el problema, indicó por el uso de la acera, el problema es el factor ocupacional que ahora muchos lo superan ampliamente. Otra cuestión que se da es que este decreto hace que un vecino tenga una mesa en su ventana con gente apostada tomando o hablando lo cual no permite dormir”.