Como es habitual en cada audiencia familiar de Jonatan Herrara, acompañados por las organizaciones sociales que desde un comienzo siguen de cerca el caso de gatillo fácil ocurrido en enero del año pasado, se concentrarán este lunes a las 9 en Tribunales Provinciales. Allí se definirá si finalmente tiene lugar la apelación interpuesta por la querella al juicio abreviado para el imputado Alejandro Gálvez.

“La movilidad abreviada evitaría la posibilidad de que se ventile en un juicio oral y público la responsabilidad de Gálvez en el homicidio de ‘Joni’ como consecuencia de la balacera descargada por funcionarios públicos policiales. Así, en caso de surgir nuevas pruebas que lo involucren, nada podría hacerse al respecto, dado que celebró un juicio abreviado por un delito menor como lo es el de abuso de armas”, explicaron desde la Multisectorial Justicia por Jonatan Herrera.

La intención de la querella, constituida por la madre del joven asesinado en Tablada mientras lavaba su auto, es avanzar en juico oral  público contra todos los imputados acusados del homicidio. “De lo contrario se estaría obstaculizando la posibilidad de la familia Herrera y del conjunto de la sociedad de conocer cómo se dieron los hechos realmente, quiénes son los responsables”, señalaron.

Las organizaciones sociales se acoplaron al mensaje del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), reconocido organismo en la protección de los Derechos Humanos, que sostuvo: “La no realización de un debate oral y público para el juzgamiento de delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, cuando de acuerdo a las constancias probatorias es factible sostener la acusación en una calificación grave, se contrapone a toda la jurisprudencia nacional e internacional vinculada a la interpretación amplia sobre participación de la querella en los procesos penales, así como también a una tutela judicial efectiva y al derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

La concentración con conferencia de prensa incluida se iniciará este lunes a las 9 en las escalinatas de Tribunales Provinciales (Pellegrini y Balcarce). La intención es “denunciar la responsabilidad del Estado provincial al incitar en la utilización de estas modalidades de juicios, en casos donde los acusados son policías puestos en funciones por el mismo Poder Ejecutivo provincial”, marcaron los organizadores de la movilización.