A 48 años del último golpe cívico-militar en Argentina, los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años 1976-1983 continúan en Rosario y la región con nuevas causas. Sin embargo, por una cuestión biológica, los acusados por la atroz represión que sufrió el país van falleciendo y el accionar de la Justicia empieza un nuevo camino: la “Averiguación de la verdad histórica”.

“La averiguación de la verdad histórica es el derecho a la verdad que tienen las víctimas y también los familiares de las personas que ya han fallecido, fueron asesinadas o desaparecidas,  más allá del hecho de obtener una condena", señaló el fiscal federal Adolfo Villate, y continuó: “Es la posibilidad de que un Tribunal diga que los hechos sucedieron de la forma que nosotros sostenemos que sucedieron”.

Según explicó el funcionario judicial, en diálogo con RosarioPlus.com, “no hay una condena, sino una declaración del Tribunal donde se establece que el hecho existió, que la persona fue víctima de la comisión de un delito y que en ese hecho eventualmente pudo haber sido responsable tal persona".

“Algunas víctimas no pueden tener una persona condenada porque ya fallecieron, por eso vamos por este camino”, indicó Villate, sobre la posibilidad de llegar a la verdad histórica en las causas de lesa humanidad.

Fiscal federal Adolfo Villate.

La sentencia Napalpí

Argentina ya tiene algunos antecedentes sobre juicios por la verdad donde no había imputados con vida para juzgar. El más conocido se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo de 2022, cuando se celebró el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924.

En su sentencia, la jueza federal Zunilda Niremperger, de Resistencia, reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre indígena de 1924, consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas y ordenó una serie de medidas de reparación para las comunidades Qom y Moqoit.

Las voces de sobrevivientes y sus descendientes permitieron conocer los hechos que ocurrieron ese 19 de julio de 1924, cuando un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a unas 400 personas que protestaban por las condiciones laborales y de vida.

Una gran parte de los testimonios fueron de especialistas e investigadores, quienes repasaron el funcionamiento de la reducción y su objetivo disciplinador, y cómo se planificó y ejecutó la masacre por parte del Estado. Se refirieron además al carácter genocida de los crímenes perpetrados contra las comunidades y cómo fueron luego perseguidos y silenciados para garantizar la impunidad.

Las causas que siguen vigentes

Las causas por crímenes de lesa humanidad que se vienen desarrollando, y continuarán este año, el la Fiscalía Federal de Rosario (que abarca los casos de la región del sur santafesino y el norte bonaerese) son dos: "Saint Amant IV" y el “Villazo”.

La primera, que comenzó el pasado 14 de marzo, tiene que ver con los delitos cometidos contra 59 víctimas durante el período del terrorismo de estado en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires (San Nicolás, Baradero, Pergamino y San Pedro).

En esta causa, el fiscal general Adolfo Villatte y auxiliar fiscal Juan Patricio Murray llevan once personas al banquillo de los acusados: los exintegrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás Antonio Federico Bossie (excapitán, prestó funciones de oficial de Operaciones y oficial de Inteligencia), Guillermo Aníbal Piccione (excapitán, cumplió las funiciones de oficial de Logística y de Personal) y Bernardo Luis Landa (exteniente primero, se desempeñó como oficial de Logística); el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada (exteniente coronel, fue jefe del organismo); los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.

“Pedimos que el juicio se lleve adelante en cada una de las ciudades donde sucedieron los hechos”, comentó Villate, sobre el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, integrado por Román Lanzón, Eduardo Rodriguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario.

En tanto, el pasado 11 de noviembre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario inició el debate para juzgar la responsabilidad de dos exdirectivos de la metalúrgica Acindar de la ciudad de Villa Constitución, dos exmilitares, dieciséis expolicías federales y un expolicía provincial como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial.

Los hechos represivos que se juzgan en esta causa fueron la respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo", en relación al nombre de la ciudad epicentro del reclamo obrero. De acuerdo a la acusación fiscal, los secuestros de las víctimas sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975, y también en abril, mayo y junio del mismo año. Las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según los casos. En enero y marzo de 1976 también se produjeron secuestros y posteriores homicidios relacionados a estos hechos.

En la pieza acusatoria, la Unidad de Derechos Humanos remarcó que Acindar había habilitado un centro clandestino de detención en el denominado “Albergue de Solteros”, donde la Policía Federal Argentina (PFA) había instalado un destacamento en 1974.

Actualmente, la lista de los imputados incluye al exjefe de división personal de Acindar, Roberto Pellegrini, como también al personal jerárquico de la misma empresa, Ricardo Oscar Torralvo; los expolicías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Antonio Burguburu, Jorge Argentino Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Oscar Giai, Aldo Ramón Gradilone, Carmen Amanda Grossoli De Hellaid, Jorge Aníbal Lozano Windus, Emilio Hugo Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Miguel Nardi, Roberto Raúl Squiro, Daniel Vicente Valdés y Oscar Roberto Vessichio; los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el exoficial de la guardia rural "Los Pumas" de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

Además de "Saint Amant IV" y el “Villazo”, se vienen realizando investigaciones sobre la desaparicón de trabajadores, durante la dictadura cívico-militar, de distintos gremios de San Lorenzo.

“Tenemos en trámite otras causas en instrucción y otro tipo de investigaciones, en cementerio y apropiaciones de niños y niñas”, indicó Villate, y continuó: “Estamos llevando adelante investigaciones en lo que es la continuidad del juicio Feced, hay una gran cantidad de víctimas que nunca fueron casos y nosotros venimos investigando desde hace tiempo, recolectando información”.

“Advertimos que muchas personas, que a lo largo de los juicios fueron nombradas pero por no tener una militancia política, o por no haberse sentido en la calidad de víctimas porque estuvieron secuestradas poco tiempo, no instaron ningún tipo de causa penal y a nosotros nos parece que todo hecho del cual tengamos conocimiento debemos investigarlo, porque tiene que ver con la memoria histórica”, concluyó el fiscal federal.

Fueron 30.000

Por último, Villate reflexionó sobre el trabajo que viene realizando en las causas de lesa humanidad y la cantidad de víctimas que crece día a día: “El número de los 30 mil, que fue tan manoseado, está en construcción y va creciendo permanentemente, porque siempre hay casos nuevos. Nosotros todas las semanas nos vamos dando cuenta que hay personas que son nombradas por testigos o víctimas, que nunca fueron mencionadas con anterioridad y que nunca fueron investigados, y se van sumando a este número”.