El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la elevación a juicio de la investigación contra una mujer y dos hombres por un caso de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de aproximadamente cincuenta mujeres que eran captadas a través de una agencia de publicidad para oficiar de promotoras en el marco de distintas carreras de automovilismo deportivo, en las cuales finalmente eran obligadas a prostituirse con distintos organizadores, clientes y empresarios del ambiente.

Los acusados, Karina Liliana Juárez, Raúl Osvaldo Roncayolo y Fabián Eduardo Ferro, habían sido detenidos, en 2019, en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario.

La investigación se inició a raíz de dos denuncias anónimas recibidas, en 2018, en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, las cuales daban cuenta de la existencia de una organización que captaba mujeres con la promesa de ofrecerles trabajo como promotoras en distintas carreras del circuito de automovilismo profesional, pero que luego eran presionadas para ejercer la prostitución.

Una vez judicializado el caso, y con la intervención del fiscal Picardi, el entonces titular del Juzgado Federal N°6, Rodolfo Canicoba Corral, solicitó la detención de la sospechosa y sospechosos: Juárez, cara visible de la agencia de modelos que contrataba a las promotoras; Roncayolo, dueño de una concesionaria de venta automóviles; y Ferro, quien oficiaba de chofer y trasladaba a las víctimas a las distintas ciudades del país donde se corrían carreras de las categorías de Turismo Carretera, Turismo Nacional y Turismo Pista o Turismo Mouras.

En ese marco, el 17 de noviembre de 2019, personal de la Unidad de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, realizó un procedimiento en el autódromo “Juan Manuel Fangio”, de Rosario, donde se corría una fecha del Turismo Nacional. En esa oportunidad se detuvo a Juárez y a Ferro, al tiempo que se rescataron 22 mujeres que trabajaban en el lugar como promotoras publicitarias. Aquel día también apresaron a Roncayolo en su casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de Pilar.

En base a las pruebas colectadas en la investigación -que incluyeron tareas de campo, intervenciones telefónicas y entrevistas con las víctimas- el fiscal Picardi le solicitó al responsable del Juzgado Federal N°6, Daniel Rafecas, que Karina Juárez y Raúl Roncayolo sean enviados a juicio oral como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La fiscalía identificó la ocurrencia de los siguientes verbos típicos del delito: ofrecimiento, captación, traslado y acogimiento.

La conducta está agravada por haber sido realizada por una organización de tres personas, por la existencia de más de tres víctimas, por el hecho de que la explotadora y explotadores utilizaron engaños y abusaron de la vulnerabilidad de las víctimas, y por la consumación de la explotación. En tanto, Ferro fue acusado por los mismos ilícitos, pero en carácter de partícipe necesario.

El representante del MPFN sostuvo que los imputados, cumpliendo diferentes roles, se involucraron, desde agosto de 2018 y hasta el 17 de noviembre de 2019, en el funcionamiento de la agencia de modelos que encabezaba Juárez.

El negocio era en apariencia legal; empero, precisó el representante del MPF, Juárez conminaba a las promotoras para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero con distintos empresarios y, de tal modo, obtener el posicionamiento de la agencia como la mayor y mejor “proveedora”. De esta forma, conseguía a su vez un aumento en su rédito económico, pues la agencia no sólo seguía ofreciendo promotoras a un precio menor al resto de sus competidoras, lo que le permitía que los sponsors la eligieran -para abaratar costos-, sino que, además, la remuneración baja que obtenían las promotoras, terminaba favoreciendo a que las mujeres necesiten “un extra” a través del ejercicio de la prostitución para poder sustentarse. Asimismo, pese a ocultárselo a muchas de las mujeres en situación de prostitución, Juárez recibía comisiones por los pases, equivalentes al 25 por ciento de lo que pagaba el prostituyente.

De acuerdo a la fiscalía, el proceso de selección de mujeres para desempeñarse como promotoras estaba a cargo de Juárez, quien requería que fueran jóvenes, con determinado estándar de belleza y encontrarse carentes de recursos económicos o con hijos menores a su cargo, es decir, que existiera alguna vulnerabilidad económica que pudiera ser aprovechada para exigirles y forzarlas a que ejercieran la prostitución. Se les insistía, se las presionaba y hasta se las amenazaba con la pérdida de su empleo, para que accedieran a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

“La procesada inicialmente captaba a las víctimas contratándolas como promotoras, para luego ejercer presiones laborales, ya que dentro de la agencia disponía qué promotoras eran convocadas para cada carrera y qué tareas debían realizar dentro del autódromo. En tal sentido, castigaba a las promotoras que no accedían a prostituirse no convocándolas a futuras carreras y premiaba a quienes sí lo hacían otorgándole tareas más sencillas y/o mejor remuneradas (como por ejemplo ‘hacer cámara’)”, indicó el fiscal Picardi. Este proceso de explotación se magnificó a tal escala, que, hasta el mayor empresario contratante de la agencia de promoción, el procesado Roncayolo, se convirtió en el principal financiador de ese negocio ilícito, participando en la explotación sexual de mujeres tanto como prostituyente y como beneficiario del posicionamiento que otorgaba a su marca Ford-Ardama, al contar con promotoras en situación de prostitución.

A través de los testimonios evacuados por las víctimas, se pudo determinar que Juárez entablaba video llamadas con Roncayolo y filmaba de cuerpo entero a las mujeres, mostrándoselas y exhibiéndolas para que éste último pudiera conocerlas y así permitirle seleccionarlas de antemano. En el mismo sentido, pudieron destacarse otras situaciones en las que, dentro de la organización, Juárez le presentaba a Roncayolo las promotoras que podían convertirse en “autitos”, es decir, le mostraba qué mujeres podían encontrarse sujetas a su disposición para que sean sometidas a situación de prostitución. En efecto, las promotoras eran nombradas de diferentes maneras, según la función que desarrollaban. Es decir, aquellas que brindaban servicios sexuales eran denominadas como “autitos” o “Autos”, y a quienes no practicaban esa actividad se las sindicaba como “promotoras” o "modelos".

El fiscal indicó que Juárez se ocupaba del traslado y acogimiento de las víctimas, que eran llevadas por Ferro a los autódromos o a los hoteles donde las hospedaban -con motivo de los eventos deportivos-, donde luego eran ofrecidas a distintos clientes del ambiente para prostutuirlas. Añadió que, en ocasiones, el propio Roncayolo se ocupaba del traslado de las víctimas en su avión privado a los lugares en donde se efectuarían las competencias.

Asimismo, la fiscalía señaló que “la explotación sexual de las mujeres no se daba en un lugar fijo, sino a conveniencia de los prostituyentes ya sea en las inmediaciones del autódromo y/o en hoteles ubicados en la ciudad dónde se realizaba la carrera”.

Precisó además que “los traslados con fines de explotación, se producían tanto desde como hacia la ciudad de Buenos Aires, donde tenía asiento la agencia investigada, o desde el lugar de residencia de las víctimas hasta los puntos del país donde se desarrollaban las competiciones, como así también, dentro de esas ciudades, cuando las promotoras eran transportadas hacia el evento deportivo y hacia los hoteles donde serían explotadas, en ocasiones la explotación se daba en casas rodantes dentro de los mismos autódromos. Asimismo, se detectó que las promotoras en situación de prostitución habrían participado de al menos dos eventos en los que habrían sido explotadas, en la ciudad uruguaya de Punta del Este y en la costa atlántica.”