La intensa crisis de seguridad que atraviesa la provincia de Santa Fe y más específicamente la ciudad de Rosario, llamó la atención de diversos actores de la política y la justicia a nivel nacional. Tras los allanamientos en Sede de Gobierno en Rosario y en el ministerio de Seguridad provincial, desde la Corte Suprema de la Nación hicieron un planteo al respecto.  

La grave crisis en materia institucional y de seguridad por la que atraviesa la provincia de Santa Fe comienza a llamar la atención de diferentes actores políticos y judiciales a nivel nacional. En medio del cimbronazo político originado por los allanamientos realizados en el Ministerio de Seguridad de la provincia y del incremento de hechos de violencia e inseguridad, llegó un planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En una misiva, los jueces federales de todo el país mostraron de manera corporativa su preocupación por lo que sucede en la Provincia y en la ciudad de Rosario y se lo hicieron Saber al máximo tribunal argentino. Dicha nota lleva la firma de la Junta de Presidentes de todas las Cámaras de Apelaciones Federales. Allí, le piden a la Corte que “intervenga para que la situación sea visibilizada y se traslade a la agenda nacional”.

Sobre esto, los magistrados aseguran que el peligro que enfrenta la jurisdicción de Rosario “debería ser prioritaria a nivel nacional”, esto porque temen ante conductas delictivas como “la extorsión o que el crimen organizado pueda ramificarse a otras provincias si no se actúa de manera urgente”.  

En el escrito sostiene que “resulta necesario convocar a todos los actores políticos e institucionales a trabajar de manera coordinada en concertar y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos comunes para lograr los fines propuestos por nuestra Constitución Nacional”.

A su vez, reclaman que el fuero federal en la provincia sea fortalecido. En ese sentido, indican que hace 42 años que no se crea un Juzgado Federal en la ciudad de Santa Fe; 30 años en la ciudad de Rosario y más de cuatro décadas que no se habilita una Fiscalía Federal en aquella ciudad y piden la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que se cubran las vacantes existentes más la adquisición de equipos informáticos y tecnológicos para investigación.

Además señalaron por último que existe “un escenario donde la criminalidad organizada se multiplicó en cantidad, aumentando exponencialmente su capacidad operativa”.