Una inspección en las oficinas de la Agencia de Criminalidad Organizada subió la apuesta del hervidero que desataron en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno por la denuncia a su par Matías Edery por la “presumible comisión” de delitos de acción pública. Justamente se trata de las oficinas del acusado y de la fiscal regional, María Eugenia Iribarren.

Fuentes de la justicia aclararon que se trata de una inspección y no de un allanamiento, pese a que el objetivo es recolectar información para la causa. El operativo en la Agencia de Criminalidad Organizada y en el área de Legal y Técnica del Centro de Justicia Penal fue llevado a cabo con personal que vino desde la ciudad de Santa Fe a pedido de las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, encargadas de la instrucción contra Edery.

La denuncia contra Edery surgió por unos audios revelaron un vínculo sugestivo entre el fiscal y una informante clave en el juicio contra el líder narco Esteban Lindor Alvarado y que ahora está sospechada de ser testaferro de Los Monos. Lo acusan de mantener una relación impropia que habría tenido implicancias en posibles delitos que no fueron recurridos a otros fiscales para su investigación.

El contenido fue obtenido de uno de los celulares secuestrados de la testigo en cuestión, Mariana Ortigala, detenida este mes por una causa que investiga una serie de extorsiones, balaceras y ataques incendiarios ocurridos desde 2021 contra las sucursales de una agencia de loterías de Rosario.  

El pedido formal contra el fiscal fue presentado ante la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, y se dio intervención a la Auditoría General del MPA que analiza los comportamientos leves, y en la Legislatura que procesa posible sanciones graves.