Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra realizaron una presentación ante la Cámara de Senadores de Santa Fe para pedir el desafuero de Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), en el marco de una causa que investiga una red de juego ilegal, para poder avanzar con su procesamiento.

Aunque los funcionarios judiciales esperan el aval de la Legislatura para continuar con la causa que lo tiene al senador como "uno de los organizadores junto a (Leonardo) Peiti y (el ex fiscal regional Patricio) Serjal" de la asociación ilícita, algunos especialista en derecho constitucional afirman que no es necesaria la habilitación de la Cámara Alta para procesar al legislador. 

"En Santa Fe tenemos un artículo que hay que pedirle permiso a Legislatura para enjuiciar a un legislador, yo creo que ese artículo no debe aplicarse. La doctrina nacional es muy clara y me parece que no hace falta pedir el desafuero para que declare", afirmó Domingo Rondina, miembro de la Asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

Según el artículo 51 de la carta magna santafesina, un legislador “sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal". "Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido", agrega.

"En este caso, estamos con una cuestión más compleja, porque tanto la Constitución provincial como la nacional sostienen un sistema medio viejo, que ya no se usa, de protección a los legisladores no solo ante el arresto sino ante el juicio", explicó el abogado constitucionalista, y opinó: "Protegerlos de cualquier juicio es un exceso, porque el juicio en sí mismo no le impide ejercer la función".

El especialista aclaró que según la Ley 25320, sancionada tras los escándalos por las coimas del año 2000, se dispuso "que la declaración indagatoria no afecta la libertad física del legislador, por lo tanto tienen que ir a juico en tanto y cuanto no sean arrestados".

"Lo importe es la búsqueda de la verdad material", indicó Rondina y apuntó: "Otra cosa es si quieren meterlo preso, eso es algo que se tiene que analizar con más detenimiento, porque no puede ser reemplazado y un departamento se quedaría sin representación".

En cuanto al tratamiento del desafuero en el Senado, el presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe señaló que el pedido debe ingresa a una comisión permanente de la Legislatura y luego va al pleno de la Cámara Alta. "La Constitución dice que hace falta 2/3 de los presentes, pero el reglamento interno del Senado dice que en estos casos tienen que estar presente todos los senadores", aclaró.

"Creo que no hace falta que lo habiliten, tendría que estar en juicio igual. Para meter preso a un legislador tienen que mostrar pruebas importantes", volvió a remarcar el abogado y advirtió que "en principio, en período extraordinario no se puede tratar un desafuero", por lo tanto, el tema pasaría al 2021.