Diputadas nacionales del Frente Para la Victoria (FPV) pidieron a la justicia que declare la nulidad del convenio firmado entre el gobierno nacional y la empresa de comida Mc Donalds, que prevé la incorporación de miles de empleados con sueldos “inferiores al salario mínimo vital y móvil”.

La demanda de las diputadas Araceli Ferreyra, Lucila María de Ponti y Silvia Renee Horne contó con la adhesión del Secretario Nacional de Juventud de la CTA, Matías Zalduendo, y el asesoramiento del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC).

“Es preocupante la tendencia del poder ejecutivo nacional de aplicar políticas de gobierno que benefician ampliamente a los grandes empresarios y perjudican de forma sistemática a los trabajadores” aseguró la diputada nacional Lucila De Ponti.

Las legisladoras pidieron al juez Fernando Vilarullo que declare la “nulidad absoluta e insanable, ilegalidad, inconstitucionalidad, arbitrariedad manifiesta e inaplicabilidad, ordenando la revocación o sustitución” del convenio entre el Ministerio de Trabajo y la firma Arcos Dorados Argentina S.A.

Según las diputadas, el convenio es “violatorio del orden público laboral, así como del derecho internacional y la Constitución Nacional”.

La demanda precisó que el convenio firmado el 13 de mayo último establece que Arcos Dorados Argentina S.A, “que actualmente cuenta con 16.809 trabajadores en relación de dependencia, incorporará a 5.000 nuevos trabajadores bajo la forma de practicantes ‘con posibilidad de progreso’”.

“Los mismos recibirán una remuneración de 4.500 pesos, siendo ese valor inferior al salario mínimo, vital y móvil y significando una amenaza no sólo al sostenimiento de los puestos laborales ya existentes sino también a la incorporación de trabajadores en relación de dependencia”, sostuvo la demanda.

“Del contenido de este convenio -agregó- se desprende que los trabajadores podrán estar contratados en reiteradas oportunidades” y “no tendrán recibo de sueldo ni se les abonará sueldo anual complementario, o los recargos por la prestación de tareas durante días feriados y fines de semana ni la diferencia salarial de acuerdo a la categoría específica” que se desempeñe.

“Sumado a esto es preciso remarcar que la empresa evade las contribuciones y aportes solidarios a nuestro sistema de Seguridad Social, ya que el Estado no se lo exige en el desarrollo del convenio", remarcó.