La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen favorable al proyecto de Ley de “Compre Argentino”, que propone ampliar el margen de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas y desde el oficialismo esperan poder llevarlo al recinto en la primera semana de junio.

La iniciativa que busca sancionar el Frente de Todos contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que sus precios se excedan hasta un determinado tope a las propuestas que puedan hacer compañías extranjeras.

Eduardo Toniolli, diputado por Santa Fe e integrante de la citada comisión, definió a la iniciativa como “un potente instrumento para el crecimiento productivo de las empresas nacionales, sobre todo en sectores estratégicos e innovadores”.

El proyecto establece herramientas de alto impacto para estimular el desarrollo de la industria nacional, modificando los márgenes de preferencias (el plus en el precio que puede tener una empresa nacional), elevándolo del 15 al 20% para pymes, y del 8 al 15% para grandes empresas.

Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales, mientras que también habrá un 3% de beneficio para las compañías con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.

Respecto a las críticas por parte de algunos sectores de la oposición, Toniolli sostuvo que “intentar instalar que esta ley es de ‘compre más caro’ como dicen algunos legisladores de Juntos por el Cambio, es de mentalidad de equipo chico, porque una ley de proveedores nacionales, además de ser una herramienta utilizada por muchos países del mundo (Estados Unidos y Alemania, entre otros) para crear puestos de trabajo, impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, y ahorrar divisas, fomenta la competencia: el proveedor extranjero sabe que compite con un proveedor nacional con preferencia, y está demostrado que se produce una dinámica en la que ambos se ven estimulados a bajar el precio”.

Concretamente, el impacto económico esperado en caso de aprobarse la ley es el de la creación de 30.000 nuevos empleos privados, la inversión de $40.000 millones adicionales por año en investigación, desarrollo e innovación, y el ahorro anual de US$ 500 millones en divisas.

“El Estado Nacional tiene una participación destacada por su magnitud con respecto al Producto Bruto Interno, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para el desarrollo de proveedores locales, que generen producción y trabajo argentino”, señaló Toniolli en declaraciones a la prensa.

Por otra parte, el diputado nacional afirmó que la iniciativa impulsada por el gobierno nacional propone “mejorar la normativa existente dotando a la autoridad de aplicación de más poder para planificar las compras estatales junto con los sectores productivos de todo el país, aportar instrumentos financieros para que las pymes puedan superar impedimentos ligados a la falta de escala a la hora de participar de licitaciones públicas, e incorporar la figura del compre estatal de innovación en sectores que la Argentina aún tiene que desarrollar”.

La semana pasada, el oficialismo aceptó retirar del proyecto el artículo que establecía que el PAMI podía utilizar este sistema de preferencias destinados para empresas locales en las licitaciones públicas, punto que era rechazado por Juntos por el Cambio, que sostuvo su oposición en rechazo a la creación de un fondo fiduciario.

Para finalizar, Toniolli concluyó: “Para reconstruir la Argentina necesitamos soluciones concretas, adaptadas a cada situación particular, en este caso se trata de arbitrar una medida probadamente eficaz de compras públicas, para promover el desarrollo de nuestro entramado productivo nacional”.