La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación promovió una autorización para que la jueza María Eugenia Capuchetti ordene finalmente el secuestro y análisis del teléfono móvil del diputado nacional Gerardo Milman, en busca de información de interés para la investigación sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La comisión dio ese paso en su última reunión, presidida por el diputado nacional Hernán Pérez Araujo (FdT). Allí, se trataron dos oficios relacionados a la causa del intento de magnicidio. Se firmó dictamen al proyecto de resolución para autorizar a la jueza titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, doctora María Eugenia Capuchetti, para que se proceda al secuestro del celular, o los celulares, que tenga el diputado nacional Gerardo Milman (PRO) y, eventualmente, acceder a la información y/o comunicación que los aparatos contengan en el marco de la querella.

El diputado Pablo Tonelli (PRO) expresó que vota “en favor de la autorización”, pero al respecto pidió que la “efectiva apertura del teléfono quede supeditada a la firmeza de la resolución de la Cámara Federal”. “Vamos a firmar tal cual está el despacho porque consideramos que estas cosas no se negocian, y que si la justicia considera que hay que proceder lo vamos a ser en la forma que se ha redactado en el dictamen de mayoría”, justificó Laura Rodríguez Machado, desde el mismo bloque.

Diputados empuja el aval para que la jueza Capuchetti abra el celular de Milman

En tanto, Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, remarcó que “los fueros, bajo ningún punto de vista le tienen que dar al legislador ningún tipo de impunidad respecto a la presentación ante la justicia y máxime en el momento probatorio”. Y, en esa línea, instó a eliminar el artículo 1 de la ley de fueros, porque “es una trampa que le hemos metido a la ley para no dar explicaciones, ni siquiera en la instancia probatoria”, fustigó.

Desde el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade critió la investigación judicial al calificarla como “un bochorno”. “A casi un año del hecho, once meses esperando que un diputado nacional entregue su teléfono, no creo que sea un antecedente republicano que nos honre”, criticó.