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El Ministerio de Hacienda y Finanzas, con la firma de su titular el Rey Alfonso I, por Resolución 173/2016 hace lugar a uno de los reclamos presentados ante el Ciadi. Se trata de los casos Paso Energy International Company y Group Plc. El artículo 2º de la norma publicada el 26/5/2016 en el Boletín Oficial autoriza la emisión de títulos Bonar 2024 por USD 225 millones de dólares al 8,75% anual para pagar el "juicio" a los representantes actuales de los derechos de tales empresas. Esta emisión amplía la hecha poco tiempo atrás.

El Congreso Nacional, según lo mandata el artículo 75 de la Constitución Nacional, es quien entiende en materia de deuda pública, por lo que se supone debiera decir algo al respecto. Este “juicio”, más precisamente la sujeción a los dictados de este “tribunal” constituye una rémora de los 90 pero también de una opción política definida por Néstor Kirchner durante su presidencia. Es un tema extenso y complicado pero relevante para conversar y discutir. El Ciadi es una especie de tribunal, medio raro pero tribunal al fin. Allí se plantean los incumplimientos de cierto tipo de contratos y entre ellos los TBI (tratados bilaterales de inversión).

Los firmantes de los TBI suelen ser los estados de los países receptores de inversión extranjera y las compañías extranjeras inversoras. Argentina fue quien más TBI firmó durante los 90 y en casi todos los casos la denuncia de cada tratado (esto es la solicitud de disolución del contrato) tiene efecto 10 años después de ser presentada. En consecuencia, si Kirchner los hubiese denunciado en 2003, en 2013 ya no hubiesen existido TBI vigentes y ese año podríamos haber renunciado a la pertenencia de ese tribunal de balanza ostensiblemente inclinada. No se denunció ninguno en ningún momento y ahí estamos.

Una breve pero muy didáctica historia del Ciadi. Se creó a instancias de los países centrales sobre el final del proceso de descolonización de Africa (mediados de los sesenta). Los primeros suscriptores fueron los nuevos estados nacionales africanos (ex colonias) los países colonizadores más Estados Unidos y Japón. Fue para garantizar protección de las inversiones preexistentes en territorio descolonializado y las que se sumaren en el futuro. En esa tanda también aparecen suscribiendo Jamaica y Trinidad & Tobago.

La segunda tanda masiva es en los años 90 donde se incorporan España (1994) y los países de América Latina, entre ellos Argentina (1994), que se sumaron a la revolución de la alegría neoconservadora y privatizadora de empresas estatales. Los ausentes que nunca se incorporaron: Brasil y México, sin embargo las inversiones no dejaron de ir a esos parajes, sino todo lo contrario. Los primeros y únicos renunciantes al Ciadi: Bolivia (2007), Ecuador (2010) y Venezuela (2012). Un nuevo orden económico internacional requiere también reivindicar los derechos soberanos en el hacer de todos los días.