La defensa del empresario local Miguel Milano, acusado por el delito de desbaratamiento de una empresa y por ser “socio oculto” de la misma, criticó la forma en que se maneja la causa judicial e insistió en que "los hechos que acusa el fiscal no constituyen delito". 

En diálogo con Rosarioplus.com, el letrado Oscar Romera lamentó que en la causa que enfrenta su cliente "la acusación pareciera centrarse más en ver si Milano es socio oculto o no de una sociedad que en el delito que atribuyen".

Reforzó: "Nuestra postura sigue siendo la misma que al inicio. Esto es una cuestión patrimonial. Los abogados de los denunciantes están flojos de papeles para reclamar una deuda que tiene una dosis de ilegitimidad enorme e intentan presionar a través de la justicia penal para obtener lo que no pueden hacer valer jurídicamente en un cobro en instancia civil".

Romera aseguró que "el fiscal ha instado a las partes a buscar un acuerdo" pero confió que "hoy las posiciones son difíciles" de reconciliar. De todos modos, remarcó que "siempre se está abierto a las negociaciones".

Milano está acusado por el delito de desbaratamiento de la empresa Truck Security SRL y por ser “socio oculto” de la misma. “Milano era el dueño real de la empresa”, planteó a Rosarioplus.com el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos Sebastián Narvaja. La acción ilícita de Miguel Milano consiste, según la imputación preliminar del fiscal, en haber afectado la solvencia y actividad empresarial de Truck mediante instrucciones y decisiones de actos jurídicos variados: cesiones de cuotas, renuncias de apoderados y gerentes, órdenes de no pago de facturas, cheques e intervención directa en las refinanciaciones de las deudas mantenidas con los denunciantes.

Hace poco, en el marco de la causa judicial, dos imputados se quebraron. En sus testimonios, estas personas (sobre quienes puede recaer sanción penal) ofrecieron aportar pruebas consustanciadas y detalladas que demuestran que Milano era quien controlaba la empresa Truck Security SRL y quien la vació. Ambos presuntamente actuaban como testaferros del reconocido empresario rosarino en la firma. Según la fiscalía, esta empresa contrató a dos contadores -que se convirtieron en querellantes- para que se hicieran cargo de la administración contable, aunque se incumplió el pago por los servicios. Argumentan que Truck atrasó los pagos para ganar tiempo y dejar sin solvencia a la empresa, y así no cumplir con sus obligaciones.