Santa Fe no recibirá un solo peso del blanqueo

La mayoría de los diputados y senadores santafesinos votaron a favor, pero lo cierto es que Santa Fe se quedó sin el pan y sin la torta en el banquete del blanqueo de capitales: no recibe ni recibirá un sólo peso de los 82 mil millones de pesos recaudados por el impuesto excepcional del llamado “sinceramiento fiscal”, que los evasores pagan por única vez y no es coparticipable, por lo tanto queda todo en el Tesoro nacional. Según la ley, financiará el programa de reparación histórica a jubilados.

“Hay un impuesto especial que se aplica sobre el monto blanqueado, pero lamentablemente la ley no prevé reparto con las provincias. Y la aplicación de la ley provincial es muy reciente. Otro impacto directo sobre las cuentas de la provincia no hay. Después, claro, con el tiempo, cobraremos los impuestos regulares en el caso que los fondos exteriorizados generen alguna actividad”, explicó el ministro de Economía Gonzalo Saglione.

El capítulo local

Tampoco la ley provincial que puso las condiciones para el blanqueo reportará fondos relevantes, por más que fija un gravamen excepcional de 1% para aquellas exteriorizaciones de capital que dentro de los primeros seis meses no se vuelquen a emprendimientos económicos concretos dentro de los límites de la bota.

Ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione

Según el ministro, “la mayoría de las provincias hizo una adhesión lineal a la ley nacional. Santa Fe no. Nuestra ley busca evitar que se vayan capitales y que se reinviertan en la provincia. La verdad, no tiene una meta fiscal”. 

El ministro refiere al temor de que los tenedores de esos fondos o bienes fijaran domicilio en otra provincia y blanquearan allá temiendo que API pudiera perseguirlos. Por eso habla de un “marco jurídico” contrapuesto a la receta del gobierno nacional que apuraba a las provincias a rubricar una “adhesión lineal”.

El blanqueo fue uno de los tantos motivos de tironeo en 2016 dentro del Frente Progresista. Lifschitz se pronunció en contra, argumentando que el blanqueo es una contradicción en relación con quien cumple con sus obligaciones tributarias; y los diputados socialistas votaron en contra. Pero diputados radicales y del PDP, también miembros del Frente, votaron a favor. En el medio, jugaron las presiones de sectores  empresarios que no querían dejar pasar la oportunidad  y presionaban a la Gobernación, incluso en público. El más explícito fue el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Esperando la carroza

El gobierno nacional defendió el blanqueo con el argumento que los fondos que salen a la luz se volcarán a inversión, uno de los temas más declamados y a la vez más demorados en la presente gestión. Si bien el proceso es más que exitoso en términos económicos (94.900 millones de dólares, el doble que Brasil), sólo el 7 por ciento está dentro del país. El resto son propiedades, participaciones, inversiones o depósitos que los evasores decidieron blanquear, pagar el impuesto-penalidad pero mantener en el exterior.

Prat Gay celebró la toma de deuda argentina
Ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfono Prat Gay

Más allá de lo que ocurra en el futuro con esos fondos, el lector se preguntará cómo hizo Macri para que los diputados y senadores que representan a las provincias le votaran una ley que generó 106 mil millones de pesos y no les reportó ni un peso.

Para conseguirlo, el gobierno se comprometió, en la misma ley, a la devolución progresiva del 15% de coparticipación que desde hacía años el Estado nacional les retiene para financiar la Ansés y Afip. Si bien se trata de dos temas que no tenían nada que ver uno con el otro, el toma y daca resultó un negoción para las 21 provincias que no habían litigado ante la Corte. El blanqueo no les reportaba fondos en sí mismo, pero su poder de negociación en el Congreso les permitía asegurarse por ley que año a año se incrementará la masa coparticipable hasta recuperar el ciento por ciento.

Por el contrario, Santa Fe, Córdoba y San Luis no eran parte de esa negocación porque las tres comenzaron a percibir ese 15 por ciento en diciembre de 2015 por efecto inmediato del fallo de la Corte nacional.

Relaciones de fuerza

En el caso de San Luis y Santa Fe el fallo también ordena pagar la deuda con retroactividad (unos 40 mil millones de pesos para esta provincia). Hasta ahora no tuvieron suerte. El gobierno los entretuvo todo el año en una comisión de estudio. Alfonso Prat Gay dejó el cargo sin entregar una primera propuesta de pago que había comprometido. Ahora deben esperar que se reacomoden las nuevas autoridades, pero las expectativas son malas. El gobierno ya dio señales de que no se hará cargo del muerto. Días atrás, en una reunión de gobernadores, el puntano Rodríguez Saá amenazó con volver a la Corte. “Si vos querés retomar el juicio no hay problema”, le respondió el ministro de Interior Frigerio, a sabiendas de los tiempos que eso entraña y que en el mientras tanto también la Nación se pintaría la cara con respecto a San Luis.

No es una cuestión de preferencias ideológicas, sino de relaciones de fuerza. San Luis tiene peso ínfimo en el Congreso. Y el socialismo santafesino apenas suma tres votos propios en la Cámara de Diputados y ninguno en el Senado. La ley de blanqueo salió con el respaldo de por lo menos 13 de los 19 diputados santafesinos (entre radicales, PRO y PDP) y dos de los tres senadores. Y a Macri le salió gratis.

Aunque quizás también jueguen los favoritismos políticos. De hecho, mientras San Luis y Santa Fe reclaman hace un año, fallo en mano, aunque sea un plan de pagos o bonos, Macri acaba de cederle 25 mil millones de contado a la bonaerense PRO María Eugenia Vidal.

COMENTARIOS

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Tapas 25/02/2017

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