En las últimas semanas las asociaciones de clínicas y sanatorios de las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, anunciaron un corte de prestaciones a los afiliados al  Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) debido al atraso de pagos y a la falta de actualización de los montos cubiertos por cada prestación. Los más de 550.000 afiliados ya empiezan a sentir los efectos de un recorte contra el que no tienen opciones. 

La obra social de los empleados públicos nuclea actualmente trabajadores provinciales, municipales y comunales, entre los que se encuentras administrativos, médicos, docentes, policías, funcionarios judiciales y legislativos, entre otros. En diálogo con Rosarioplus.com una docente comentó lo crítico de la situación. “Necesito hacerme una serie de estudios y no me dan turno a través de IAPOS. Lo que me ofrecen es pagarlo particular y esperar el reintegro cuando la obra social regularice su situación las clínicas”. 

“Estamos hablando de la salud y del aporte de todos los afiliados a la obra social provincial que hoy no se ve reflejada en las prestaciones. Con los medicamentos sucede algo similar, no se pueden adquirir, te hacen pagar el total”, añadió la docente.

En diálogo con este medio Lorena Almirón, secretaria general de ATE, contó que no fueron informados de la situación que se estaba dando. “La principal recriminación es habernos enterado de esta situación a través de una conferencia de prensa que brindaron los sanatorios privados”, expresó. 

El viernes pasado se acercaron dos representantes de cada gremio afectado directamente a las oficinas del IAPOS y pidieron que les expliquen cuál era la situación. Los recibió el mismo director Nolasco Salazar pero no les pudo dar ninguna respuesta. “Estamos rehenes entre los sanatorios y la obra social. En el medio hay situaciones de salud muy graves, sentimos, lamentablemente, que están jugando con la salud de nuestros afiliados y no lo vamos a permitir”, enfatizó. 

Desde IAPOS les pidieron tiempo hasta este viernes para poder brindarles una solución. “El gobierno de Pullaro nos tiene que dar una solución inmediata. Si no hay respuesta mañana (por el viernes 26) haremos una presentación en la defensoría y evaluaremos las medidas que sean necesarias”, cerró. 

El conflicto viene escalando y el ejecutivo provincial no brinda respuestas ni soluciones a corto plazo. Es por esto que el diputado provincial Miguel Rabbia (PJ) elevó un pedido de comunicación con diez puntos para que se informe cuál es la situación real que atraviesa la obra social provincial. Entre ellos se solicita que se especifiquen las prestaciones que se ven recortadas, los motivos de los mismos, el detalle de la deuda contraída y las acciones previstas para resolver la situación.