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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) atendió la denuncia del Servicio Público de la Defensa (SDP) santafesino por lo que presentaron como "el sistemático uso y ilegal de la fuerza y la tortura por parte de la policía" al detener a niños y adolescentes en distintas localidades de la provincia, y la violación de derechos al alojar a los menores en riesgo social en lugares no aptos para su contención, como es el caso de los hostels contratados por la Dirección de Niñez y Adolescencia, en Rosario. 

El problema se ventiló en la sesión de la última sesión de la Cidh, donde representantes de la defensa pública pública -cuyo titular, Gabriel Ganón, acaba de ser suspendido por asamblea legislativa- expusieron el resultado de sus intervenciones. 

De la sesión participó el secretario privado del SPD, Marcelo Marasca y la jefa de Legal y Técnica María de los Ángeles Cáceres de la Defensa Pública, quienes manifestaron que “se detectó la detención y tortura de menores de 18 años de edad por parte de las fuerzas de seguridad provincial”, y ejemplificaron con algunos casos concretos.

En la audiencia también estuvo el ministro de Justicia de Santa Fe Ricardo Silberstein, quien defendió la posición y desempeño del gobierno provincial ante las acusaciones de los enviados de Ganón.

Marasca destacó que “es tal la ilegalidad de estas detenciones que la ausencia de comunicación a las autoridades correspondientes impide a esta Defensa Pública tomar conocimiento de muchos de los casos de privaciones de libertad”.

Sobre la situación de inestabilidad en la Dirección de Niñez, en que se interviene en casos por medidas excepcionales, los funcionarios recordaron que “son alojados en lugares no aptos, tanto en situaciones de detención ilegal o de aquellas que originariamente fueron legalmente fundadas que transforman en arbitraria e ilegítima esa privación de libertad o la agravan considerablemente”.

Esta situación ameritó presentaciones judiciales por la Defensa Pública en favor de los adolescentes alojados en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR), la Dirección de Asuntos Juveniles (DAJ) de la ciudad de Santa Fe y el Pabellón Juvenil de la Cárcel de las Flores también en Santa Fe donde “los puntos más críticos eran la superpoblación y hacinamiento, condiciones edilicias inadecuadas, mala alimentación, falta de acceso a la educación e higiene”, entre otras.

Estas sucesivas detenciones ilegales a niños, niñas y adolescentes sin orden judicial, “con traslados a lugares no aptos para su alojamiento y ocultas del control de las autoridades judiciales, administrativas y de los familiares se constituyen como una condición de posibilidad para la ocurrencia de gravísimas situaciones”, indicaron los representantes del MPD.

Por otra parte, indicaron que la Provincia de Santa Fe no tiene mecanismos para detectar, prevenir, sancionar y erradicar la tortura como así tampoco para reparar y rehabilitar a las víctimas, y así “incumple con lo ratificado por el Estado Argentino que incorporó a nuestra Constitución Nacional, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes”.

Establecieron que los jóvenes no punibles son víctimas de un “arbitrario e irracional” accionar estatal que se agrava con “la ausencia de control político y judicial sobre todas estas prácticas violatorias de derechos fundamentales”. En este sentido, los miembros de la Defensa Pública manifestaron que éstas generan “gravámenes irreparables que exigen respuestas urgentes y concretas”.

Por todo lo denunciado, los representantes del Ministerio Público de la Defensa pidieron a la CIDH que recomiende al Estado hacer cesar las detenciones ilegales, que se creen establecimientos aptos o se adecúen los existentes “a fin de garantizar a los jóvenes de la provincia un trato digno y respetuoso con respecto su integridad física, y que se extremen las medidas para garantizar la comunicación inmediata a la autoridad administrativa, judicial y familiar”.