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El Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal, presentó este jueves su informe de gestión ante la Cámara de Senadores, donde destacó “el incremento de la cantidad de juicios orales y públicos”, así como de “la cantidad de personas privadas de su libertad”.

Informó que durante el primer año de funcionamiento del sistema se realizaron 11 juicios orales y públicos, en 2015 fueron 38, triplicando el primero. En tanto, en 2016 (de acuerdo a lo proyectado al 31 de diciembre) casi que se duplicará la cantidad de juicios realizados en 2015: de 38 se pasó a 74 juicios orales. De esta forma, desde que entró en vigencia el nuevo sistema procesal penal (incluida la proyección al 31 de diciembre de 2016) se contabilizan 123 juicios orales y públicos.

Se trata de la última presentación formal de De Olazábal, debiendo finalizar su mandato en 2017, cuando asuman los postulados que concursan para su puesto de fiscal general, los fiscales regionales y del Servicio Público de la Defensa. Es en un marco de mucha tensión pública y política, poco después de haberse conocido públicamente la megacausa de estafas y enriquecimiento ilícito de empresarios, para el cual el propio Gobierno de Santa Fe busca querellar, y en un momento de también exposición pública, en que una encuestadora privada señaló al Poder Judicial como uno de los más observados como corruptos por la sociedad rosarina, después de la fuerza policial pero arriba del Poder Ejecutivo.

El jefe de los fiscales de la provincia comenzó su presentación en la Legislatura afirmando que bajo su mando se aplicaron políticas de “transparencia e información pública como pautas del nuevo sistema de justicia penal”, aplicado desde febrero de 2014.

A modo de escueta autocrítica, De Olázabal reconoció que “hubo inconvenientes, por supuesto, pero la mayoría se superaron o se superarán”, a modo de incierta promesa de gestión que de todas formas ya no quedará bajo su mando.

Alistó en la lista de pendientes de solución algunos temas que no fueron resueltos, “relacionados con el tratamiento de menores incursos en conductas delictivas” y aplicar los prometidos juicios por jurados, que tuvo sus simpáticos simulacros, así como también la comisión de Faltas o Contravenciones. Sobre estos asuntos aseguró que “su solución requiere detallados estudios y múltiples esfuerzos para llegar finalmente al dictado de las leyes necesarias”.

Luego analizó la ubicación y el trabajo autónomo tanto del MPA como del Servicio Público Provincial: “No fue un dato menor la inevitable ubicación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal dentro del Poder Judicial, ya que resultó difícil conciliar la existencia de esas dos instituciones autónomas dentro de un Poder que registra como cabeza constitucional a una Corte Suprema de Justicia”. Destacó la independencia de las instituciones “en la medida en que ello fuera necesario para la existencia del sistema procesal de corte acusatorio”, que fue garantizado por el máximo tribunal.

El saliente fiscal general criticó el anterior sistema procesal penal inquisitorio, que “tenía un procedimiento de un pasado colonial, que enfrentaba las disposiciones de la Constitución Nacional en grado tal, que terminó sufriendo sucesivas descalificaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En tal sentido, recordó los pasos previos del nuevo sistema oral bajo el cual obra, y que celebra: “La reforma se convirtió en una verdadera cuestión de Estado en la que coincidieron y a la que aportaron todos los representantes de los partidos políticos, habiéndosele dado inicio con la convocatoria en el año 2006 a la conformación de un 'Plan estratégico para la justicia santafesina', de allí resultó un proyecto de Código que en 2007 fue aprobado bajo ley N°12.734, en los años siguientes se sancionaron sucesivamente numerosas leyes de implementación que eran imprescindibles para finalmente ponerse en efectiva vigencia el nuevo Código”.