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El sistema previsional santafesino garantiza a los pasivos cobrar el 82 por ciento móvil, un porcentaje que no alcanzan los jubilados de otras provincias del país. La saludable y elogiada medida (rige desde el 2005) choca en la actualidad con números que no cierran: este año la Caja de Jubilaciones perderá cerca de 2.000 millones de pesos. Las previsiones de déficit sacaron a la luz una vieja obscenidad de un modelo que se basa en un espíritu solidario: los irrisorios montos que perciben los ex funcionarios del sistema judicial. Hay 17 beneficiarios que cobran 128.743 pesos mensuales, siendo la mínima hoy de 5.860 pesos.

Con estos números, la diferencia entre el haber máximo y mínimo en Santa Fe es de 22 veces, cuando la relación debería ser 1 a 10, según afirman los especialistas en la materia. “Si bien estas erogaciones no explican el déficit, ponen en peligro los montos justos de la gran mayoría. No hay caja que aguante”, se quejó la diputada provincial Verónica Benas (PARES-FPCS), quien el año pasado presentó un proyecto de ley que no prosperó para que la forma de calcular el máximo de una jubilación ordinaria sea equivalente a 10 haberes brutos mensuales de la mínima. Hoy, 58.600 pesos.

En diálogo con Rosarioplus.com, la legisladora señaló que “esta desproporción entre los que menos ganan y los que más ganan hace que se rompan los criterios básicos de solidaridad”. Su preocupación no radica tanto en el “impacto económico” (son montos insignificantes en el total del déficit), sino en preservar “los criterios de justicia y equidad” que estipula la Ley Provincial Nº 12.464 sancionada en 2005, una normativa que fue de su autoría.

Con el último aumento, hay 17 jubilados del poder judicial (ex ministros de la Corte Suprema y ex jueces camaristas) que perciben 128.743 pesos, mientras que otros 11 (viudas y familiares directos de ex magistrados de ese mismo nivel) cobran 96.484 pesos. Estos 28 beneficiarios acaparan unos 39 millones al año, la misma cifra con la que el Estado provincial cubre el pago de 6.700 jubilados cada mes con la mínima. "El sistema público de reparto es de carácter solidario, y esta relación, obscena si se quiere, no parece demostrarlo”, señaló Benas.

El poder judicial en la mira

Las pensiones de quienes se han desempeñado en las oficinas centrales de Tribunales están reguladas por la Ley de Enganche, por lo que la Corte Suprema de la Nación determina sus incrementos y los traslada así a las provincias. De esta manera, Santa Fe está pagando sueldos que están regulados por otra jurisdicción.

El último aumento se dio en un contexto de denuncias de déficit y deudas en la Caja de Jubilaciones. Semanas atrás, un grupo de legisladores justicialistas presentó una propuesta para crear una comisión que fiscalice al organismo. La iniciativa contó con el apoyo del gobernador electo Miguel Lifschitz, quien, en sintonía con los actuales funcionarios de la Casa Gris, llamó a debatir futuras reformas. “Tenemos que analizar alternativas para hacer sustentable a la Caja de Jubilaciones”, admitió el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi

Para Benas, sin embargo, ningún poder ejecutivo provincial está dispuesto a “abrir un frente de batalla” con los gremios judiciales para “avanzar en un reparto más equitativo”. “Mi esperanza es que las propias autoridades del poder judicial recapaciten y abran una instancia de diálogo por los montos que están cobrando”, subrayó.

Para la diputada, un haber de 58.600 pesos (si la relación fuese 1-10) “no es para nada insuficiente,  máxime cuando los beneficiarios pertenecen a un sector que se autoexime del pago del impuesto a las Ganancias”.

La “brecha” también alcanza a los sueldos de los trabajadores activos. Benas detalló que un ministro de la Corte Suprema de la provincia tiene un sueldo superior a los 150 mil pesos, cuando el del gobernador no supera los 50 mil. “Si esta relación es tres veces superior, cómo no va a ser de 22 en el terreno jubilatorio con los trabajadores”, concluyó la legisladora.