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La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) del gobierno santafesino sumó elementos que denuncian la intención de ocultamiento de activos por parte de la cerealera Vicentin SAIC en perjuicio de los acreedores y de la transparencia del concurso preventivo que lleva adelante el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini

En rigor, la ampliación de pruebas surge como respuesta al juez quien resolvió abrir un "incidente por separado" al pedido del gobierno santafesino de desplazar al directorio de Vicentin. Vale recordar que el magistrado, tras la intervención nacional, desplazó a los interventores y repuso a los dueños de la cerealera en el directorio. 

Es por eso que para darle más fuerza al reclamo de apartamiento del directorio de Vicentin de la conducción de la empresa por una intervención tripartita, la IGPJ suma elementos que prueban que las empresas que conforman el grupo cerealero son muchas más que las que se encuentran en el concurso de acreedores. 

Puntualmente contabilizan unas 15 empresas en el país y otras diez en el exterior que quedarán afuera del concurso. Todos tienen el control de Vicentin SAIC según la presentación judicial, pero con un ocultamiento evidente a través de firmas offshore en Uruguay, Panamá, y Brasil.

Completa la denuncia de presuntas irregularidades un informe acerca de las operaciones inmobiliarias realizadas por menos cuatro de los directores de Vicentin entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, es decir, ni bien se presentó el default y antes de comenzar el concurso. La IGPJ presume que las transacciones fueron a propósito para correrlo del patrimonio en caso de que debieran responder a los acreedores.