El gobierno nacional y las provincias firmaron este martes una modificación al Pacto Fiscal de 2017 y acordaron la suspensión por un año de los juicios entablados a la Administración central por la baja de los impuestos a las Ganancias y al IVA aplicada a la canasta básica de alimentos.

La modificación suspende además la nueva reducción de los impuestos provinciales -Ingresos Brutos y de Sellos, entren otros-, prevista para el 2020, que se encontraba contemplada en el acuerdo fiscal firmado hace dos años y modificado en el 2018, y se fijan las alícuotas en los valores correspondientes a este año.

El acuerdo, plasmado en una “addenda” al Pacto Fiscal del 2017, fue suscripto por el presidente Alberto Fernández, los gobernadores provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un encuentro que se realizó en la Casa Rosada, del que participaron el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Salvo el gobernador de Tierra de Fuego, Gustavo Melella, quien no viajó a Buenos Aires porque este martes debía asumir en el cargo, la asistencia fue perfecta: estuvieron los mandatarios de los 23 distritos argentinos de todos los signos políticos.

Con la adhesión al Consenso Fiscal suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri, las provincias tomaron el compromiso de reducir gradualmente la presión impositiva hasta el 2022 pero la crisis económica, sumada a la disminución de fondos coparticipables y subsidios, planteó un contexto en el cual las finanzas quedaron en rojo y sin la chance de perder más recursos, una disyuntiva que agravaría aún más su situación.

Por ello, al suspenderse la baja de los impuestos, el acuerdo representará aproximadamente un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según estimaciones del Ministerio del Interior.

Asimismo, se creará una comisión denominada "Evaluación del Impacto de la reducción del IVA y de Ganancias sobre la Canasta Básica de Alimentos”, que estará integrada por un representante de cada provincia y de la Nación y tendrá el objetivo de proponer medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no judicial.

(Télam)