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El 24 de noviembre será el día en el que el gobernante Frente Amplio (FA) y el opositor Partido Nacional (PN) -o Partido Blanco- dirimirán en segunda vuelta quién gobernará Uruguay durante los próximos cinco años. 

Con la totalidad de los votos escrutados, el exalcalde de Montevideo, Daniel Martínez, del FA, obtuvo el primer lugar con el 39,2 por ciento de los votos, mientras Luis Lacalle Pou del PN, obtuvo el segundo lugar con el 28,6 por ciento de los sufragios. Ernesto Talvi, el candidato del tradicional Partido Colorado (PC) quedó en tercera posición con el 12,3 por ciento de los votos y ya anunció que apoyará al candidato del PN en la segunda vuelta. Y no es el único. De hecho, en la noche del domingo Lacalle propuso avanzar en un gobierno multicolor, que incluiría no sólo al PC, sino también a otras agrupaciones como Cabildo Abierto, que obtuvo un notable 10,9 por ciento, el Partido de la Gente (1,1 por ciento) y el Partido Independiente (1 por ciento).

Al no alcanzar ninguno de los candidatos el 50 por ciento más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, los uruguayos deberán elegir a su próximo presidente entre los dos candidatos más votados en el ballotage previsto para el 24 de noviembre. La disyuntiva es entre la continuidad de un modelo progresista que gobierna hace 15 años y la posibilidad de un cambio hacia una derecha tradicional.

En lo que se refiere al Poder Legislativo, ya se observa una novedad respecto a sus anteriores conformaciones. El nuevo Congreso estará caracterizado por su fragmentación y la conformación de un inédito tetrapartidismo compuesto por las fuerzas políticas antes mencionadas. Pero en el meollo de la división partidaria se observa que hay dos polos, uno claramente progresista encarnado en el FA, y otro conservador, aunque con algunas pinceladas reaccionarias. Así lo demuestra la otra votación en la que participaron los uruguayos el domingo 27. Se consultó a la ciudadanía por una reforma constitucional que incluyera el establecimiento de una fuerza policial militar que, si bien no obtuvo los votos suficientes, alcanzó un nada despreciable 46,7 por ciento de apoyo.

Un país distinto con problemas similares a los de sus vecinos

Uruguay es considerado un oasis de paz y estabilidad en una región desigual y turbulenta como  Latinoamérica. El país logró despegarse bastante de las recurrentes crisis políticas, económicas e institucionales de Brasil y Argentina, y hasta logró tener indicadores económicos envidiables para sus vecinos. Pero pese a esa imagen, atraviesa dificultades que han hecho mella y que han llevado a la fatiga de un sector de la ciudadanía con el gobernante FA. 

Muchos uruguayos están disconformes con lo que pasa con la criminalidad, con la educación y con el trabajo. A ese descontento se agregan otros dos temas preocupantes: el alto índice de suicidios y el crecimiento del narcotráfico.

Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que Uruguay tiene la segunda tasa más alta de suicidios de Latinoamérica después de Guyana. Con 20,25 muertes por cada cien mil habitantes en 2018 -un aumento del 3 por ciento respecto de 2017-  la cifra es el doble del promedio mundial. Existen varias explicaciones que coadyuvan para entender por qué motivos hay tantos suicidios en Uruguay que combinan factores sociales, familiares y personales, pero un dato que los expertos comparten es que los principales grupos de riesgo son los adultos mayores y los adolescentes.

Según la Organización Mundial de la Salud, Uruguay tiene la esperanza de vida al nacer más alta de Latinoamérica y el Caribe, con 77 años. 

Se trata de una expectativa de vida acorde a los países desarrollados, que ubica a Uruguay como la segunda población más envejecida de la región después de Cuba. Sin embargo, que el 12 por ciento de los uruguayos tenga más de 60 años implica una necesidad de adaptación de los sistemas de trabajo, de salud y de las pensiones a una realidad que incluso países muy desarrollados como Japón o Alemania tienen dificultades en afrontar.

La otra población en riesgo de suicidio en Uruguay también parte de una situación social vulnerable: uno de cada cinco niños nacen en la pobreza. Además, estudios locales revelaron que el 60 por ciento padece algún tipo de maltrato y las tasas de dislexia, obesidad y déficit de hierro se comparan a las de países tres veces más pobres, según datos del Ministerio de Salud.

Aunque la economía uruguaya se ha diversificado en los últimos 15 años, todavía es muy dependiente de los precios internacionales de las materias primas. Una preocupación común entre expertos y candidatos presidenciales es que el país quede rezagado ante el mundo en este aspecto. La dependencia del modelo agroexportador que cada vez se fue tecnificando más, produjo a su vez un aumento del desempleo, actualmente del 9,8 por ciento.

A lo anterior se agrega el problema de la criminalidad, que se profundizó en los últimos diez años. Solamente en 2018 los homicidios aumentaron el 45 por ciento, los robos con violencia el 53 por ciento y aquellos sin violencia el 23 por ciento respecto del año anterior, según datos del Ministerio del Interior.

Aunque en comparación con el resto de Latinoamérica las cifras son proporcionalmente bajas, el cambio modificó la calidad de vida de muchas personas que, asustadas, pusieron rejas, cercos eléctricos y alarmas en sus casas. Son historias que los uruguayos no estaban acostumbrados a escuchar, como tampoco era usual que en las noticias se reportara la incautación de cientos o miles de toneladas de cocaína. Durante los últimos años se ha revelado que Uruguay es un puerto de salida de drogas producidas en Colombia, Perú y Bolivia, fenómeno que para algunos expertos explica el aumento de criminalidad en el país.

Rumbo al ballotage

El candidato oficialista, Daniel Martínez, es un ingeniero de 62 años de extracción socialista que basó su campaña en la necesidad de un cuarto gobierno de izquierda consecutivo para no perder lo bueno y, a su vez, hacerlo mejor. Martínez lleva años en la política y fue electo alcalde de Montevideo en 2015, cargo de alto prestigio al que renunció en abril de este año cuando se confirmó su candidatura a la presidencia. Sin embargo, no es un líder natural dentro del FA como Tabaré Vázquez, el primero en ocupar la presidencia por esa agrupación, y José Mujica, el exguerrillero que se volvió un ícono para la izquierda mundial. De resultar electo en noviembre, Martínez no solo tendría que negociar dentro de su coalición, que abarca facciones diversas, sino también dentro del Congreso, donde el FA tendría que gobernar sin mayoría por primera vez en sus 15 años en el poder. Como ya había hecho sobre el final de la campaña, tras conocerse los resultados, Martínez apeló al diálogo con otras fuerzas políticas y, para ello, aludió a figuras históricas referentes de los tres grandes partidos: Líber Seregni -fundador del FA-, Wilson Ferreira Aldunate (PN) y José Batlle y Ordóñez (PC).

El candidato opositor, Luis Lacalle Pou -hijo del expresidente Luis Lacalle Herrera-, es un abogado de 46 años que protagonizará su segundo ballotage representando al PN. En las elecciones anteriores, el actual senador perdió en segunda vuelta con Tabaré Vázquez.

Aprendió de esa derrota y dedicó tiempo y esfuerzo a tender puentes con otras fuerzas políticas esperando que llegara este momento. Es así como logró que los candidatos de las fuerzas que quedaron en tercer y cuarto lugar manifestaran su apoyo rumbo a la segunda vuelta pidiendo que votaran por él. 

Si bien la política se parece más a la alquimia que a la aritmética, las proyecciones hacen pensar que el FA tendrá grandes dificultades para ganar el 24 de noviembre, frente a un candidato joven que promete un gobierno multicolor, es decir, un arco de partidos del centro derecha que compartiría las decisiones y que mostraría un sistema de partidos políticos reordenado en dos grandes bloques, un centroizquierda y un centroderecha capaces de competir y ganar elecciones pero, por sobre todo, capaces de representar la pluralidad uruguaya, con la sabiduría de que la alternancia en el poder es un presupuesto esencial en una democracia sana.