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Si el Gobierno frena la Ley de Alquileres, puede haber un amparo judicial

Cuando parecía que el proyecto de Ley Nacional de Alquileres por fin avanzaba rumbo a la sanción, el Gobierno nacional metió la cola. Cambiemos piensa en premiar desde lo tributario a las desarrolladoras de construcciones que tengan como destino las viviendas de alquiler, y ese plan postergará el nacimiento de la regulación esperada por todos los inquilinos. Organizaciones piensan en accionar judicialmente.  

La semana pasada, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados firmó con el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios el dictamen favorable al proyecto de reforma a la Ley de Alquileres que impulsa Mauricio Macri. Pero los planes cambiaron según trascendió este viernes.

Los siete millones de inquilinos que viven en el país verán postergada la sanción de la norma y, en cambio, el Ejecutivo podría avanzar en medidas alternativas. Una de ellas, es la de otorgar beneficios impositivos para aquellos emprendimientos de viviendas de alquiler.

Nire Roldán, referente de la Concejalía Popular en Rosario, dijo en diálogo con Ariel Bulsicco por Sí 98.9 que detrás de este cambio de rumbo se encuentran “las Cámaras inmobiliarias que siempre intentaron frenar el proyecto (de Ley de Alquileres)”.

“Si no hay ley, habrá paro nacional de alquileres. Vamos rumbo a un amparo judicial de todos los inquilinos porque hay violaciones en los contratos de alquiler. Hay una presión sobre el sector más débil. Vamos a denunciar a este presidente careta que nos viene traicionando históricamente”, disparó Roldán.  

Hace dos meses, la Cámara de Diputados había dado dictamen al proyecto original que se centra en defender a los inquilinos y regular los mecanismos de ajuste en los contratos. Actualmente se calcula que al menos el 50% de un salario se va en el pago del alquiler, y que en el país son aproximadamente siete millones de personas las que viven en un inmueble rentado.

Pero ese proyecto fue bloqueado por el sector empresario, según denunciaron los impulsores de la Ley, y por eso el Ejecutivo buscó una alternativa que, nuevamente, dejará de lado a los inquilinos.

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