El juez Daniel Acosta otorgó salidas laborales al empresario Marcelo Jaef, uno de los imputados en la megacausa que investiga una supuesta red de estafas inmobiliarias y lavado de dinero, quien continuará con la prisión domiciliaria previamente otorgada. En tanto que a Juan Roberto Aymo le negaron la domiciliaria y salidas laborales. LaFfiscalía se opuso a las salidas laborales de ambos.

Marcelo Jaef se encuentra en prisión domiciliaria y pidió la libertad o salidas laborales el pasado viernes en una audiencia que también definía la situación procesal de Juan Roberto Aymo, quien cumple prisión efectiva en la cárcel de Piñero y solicitó la pena preventiva domiciliaria, como hizo en otra oportunidad, y salidas laborales al igual que Jaef.

Ya en agosto pasado la fiscal Valeria Haurigot solicitó que ambos continuaran en la cárcel y fundamentó su pedido en considerar que “existe peligro de que pueda entorpecer la investigación, dado que tienen registro de que existieron amenazas y llamadas que intentaron influir en el proceso”.

La causa implica a Jaef y Aymo, entre otros, por estafa, asociación ilícita, falsedad material, falsedad ideológica y uso de documentos falsos. 

El beneficio de la prisión domiciliaria también lo obtuvieron Leandro “Lelo” Pérez, Ramona Rodríguez y Maximiliano De Gaetano, mientras esperan la resolución en libertad bajo fianza Pablo Abdala, Jorge Oneto, Juan Bautista Aliau y Luis María Kurtzemann. Y permanecen tras las rejas del Penal de Piñero Eduardo Torres, Juan Roberto Aymo y Jonathan Zárate.

Hace tres semanas, el juez Acosta resolvió que la llamada Megacausa permanezca en el fuero provincial, y rechazó las pretensiones de las defensas de los imputados, que buscaban que el proceso pasara al fuero federal.

La megaestafa se destapó a fines de 2016, a partir de una investigación del fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, quien investigó una serie de maniobras por un perjuicio millonario contra propietarios de inmuebles que sufrían la adulteración de sus firmas, escrituras y demás trámites tendientes a desapoderarlas de esos bienes.