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Concejales contra dirigentes y empresarios por intentar callarlos

Los diferentes bloques del Concejo municipal acordaron repudiar algunas opiniones de personas ajenas a la política que criticaron con rigor el desempeño de los ediles al punto de accionar legalmente en algunos casos. Se trata de reacciones puntuales ante dichos de los concejales en el recinto, lo que desde el cuerpo legislativo interpretaron como un ataque a "la libertad de expresión y de opinión”.  

“El Concejo expresa su profundo repudio a cualquier tipo de hechos y conductas que intenten coartar la libertad de expresión y de opinión de los integrantes de este Cuerpo, genuinos representantes electos democráticamente por el pueblo de la ciudad de Rosario, por acciones, opiniones o discursos vertidos en el recinto de sesiones o mientras desempeñan sus respectivos mandatos legislativos”, explica la declaración consensuada en Labor Parlamentaria por las diferentes expresiones políticas y sancionada sobre tablas.

La concejala kirchnerista Marina Magnani explicó a Rosarioplus.com que semejante se explica en varias situaciones incómodas que soportaron los concejales. “Son claramente el intento de poderes fácticos, de distinta envergadura, por condicionar a legisladores que votan contra intereses corporativos”, sostuvo como fundamento.

Según pudo averiguar este medio, los casos puntuales que explican el motivo son los siguientes:

- La denuncia realizada por un funcionario de Cambiemos contra el concejal Juan Monteverde por violar la ley de defensa de la democracia e instigar al delito en septiembre de 2018.

El concejal en el recinto criticó en términos duros a los comportamientos legislativos de Roy López Molina y dijo: “Cuando la gente venga con un bidón lleno de nafta a prender fuego este lugar, yo voy a estar con la gente y con la nafta, porque tienen que responder lo que está pasando". El silencio que siguió en todo el recinto fue elocuente. Finalmente, la denuncia fue desestimada bajo el fundamento de que “las cuestiones políticas quedan exentas de lo judicial”.

- Amenazas y amedrentamientos a las concejalas Fernanda Gigliani y María Eugenia Schmuck, quienes habían denunciado la "Mafia de la Terminal" en alusión a las actitudes violentas, ilegales y arbitrarias de un grupo de taxistas  

- Intimaciones de Alberto Ribadero, más conocido como Beto Riba, el titular del sindicato de Vendedores Ambulantes, contra un grupo de emprendedoras de la ciudad que acudieron al Concejo a denunciar aprietes por parte del sindicalista. El concejal Roy López Molina se había puesto al frente de las denuncias de las emprendedoras a quienes presuntamente Beto Ribas había amenazado, y realizado aprietes exigiendo un canon por su trabajo. Además el Cocnejo pidió a la Justicia que investigue.

- Otra situación la vincula a la propia Magnani. Durante el debate por el megaemprendiento que lleva adelante el empresario Aldo Lattuca la concejala citó un expediente judicial que lo vincula con el empresario narco asesinado Luis Medina. “Medina le alquiló un departamento a uno de nuestros inversores. Fue hace muchos años”, dijo.

La respuesta de Lattuca fue brutal: “Tiene aserrín en la cabeza”. “Mancillar una trayectoria como la nuestra es decadente”, indicó y acompañó de una carta documento.

Los concejales se basan en el art 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe (Ley N° 2756): “Los Concejales no pueden ser detenidos o arrestados sin orden expresa del Juez competente, salvo el caso de in fraganti delito, ni molestados en ninguna forma por opiniones vertidas en el recinto de sesiones”.

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