La creación de un fideicomiso, con otros actores de la actividad agroexportadora y el Estado, se convirtió este miércoles en "el punto en común" entre la Provincia y los directivos de Vicentin para avanzar en una solución a la crisis económica que la firma sufre desde hace varios meses.

La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, dijo que la cerealera manifestó “expresamente su disposición a que las acciones sean entregadas a un fideicomiso". “Fue una reunión muy provechosa”, dijo la funcionaria santafesina a Télam tras el primer encuentro de conciliación convocado por el juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores la cerealera.

De la reunión, realizada este miércoles por la tarde en la sede del juzgado, en Reconquista, participaron por el Gobierno de Santa Fe, además de Stratta, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Por la empresa, en tanto, asistió el actual presidente de Vicentin, Daniel Buyatti, acompañado por el abogado corporativo de la firma.

Tras el primer encuentro, el magistrado convocó a una nueva reunión de conciliación para el 30 de julio.

La titular de IGPJ aclaró que la propuesta planteada por Santa Fe para la continuidad de la operación de Vicentin a través de un fondo fiduciario en el que converjan acreedores y jugadores del sector agrario se planteó “en grandes trazos”. “A eso hay que pulirlo, pero el punto de partido está”, aseguró.

En diálogo con Télam, fuentes de la empresa calificaron a la audiencia como "una buena reunión" y dijeron que la propuesta del gobierno santafesino de crear un fideicomiso es una especie de "punto en común", pero remarcaron que dicho procedimiento se realizar en el marco del "concurso de acreedores" que lleva adelante el juez Lorenzini.

Stratta señaló que “ambas partes coincidimos en que el fideicomiso es una herramienta que permitirá inyectar fondos y confianzas” a la empresa, que enfrenta un concurso de acreedores por unos 100 mil millones de pesos. Además, explicó que “si se concreta el fideicomiso” las funciones de administración “son ejercida por el fiduciario, que nombra el directorio”.

De ese modo, los actuales ejecutivos de la empresa “tendrían que dejar la administración” pero no por vía de una intervención, sino de un acuerdo del que formen parte.