La eliminación del lenguaje inclusivo en la administración pública marca el fin de un momento de la política. Las minorías siguen en el centro del debate, pero ya no para el diseño de políticas de inclusión, sino como blanco de ataque (e incluso responsabilización) ante un escenario de precariedad institucional, económica y política. Así como ocurre con el achicamiento del Inadi, ahora la contienda se traslada al plano del lenguaje para atacar a las minorías.

Este martes el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en su habitual conferencia de prensa que la decisión llevada adelante por el Ministro de Defensa Luis Petri, de prohibir la utilización del lenguaje inclusivo dentro de las Fuerzas Armadas, se haría extensiva a toda la administración pública nacional, con sanciones para quien se negara a adoptar la medida. De ahora en más, el modo en que el presidente Javier Milei se jacta de referirse a su hermana como “el jefe”, sin la utilización del femenino, pasó a ser una política de Estado.

Si estamos ante un gobierno de la libertad… ¿no sería deseable permitir que las personas se expresen libremente? La libertad de expresión es, de hecho, uno de los valores que defiende Javier Milei y en el que se ampara para replicar y celebrar (likeando) un gran número de expresiones en la red social X. Algunos incluso violentos y denigrantes. Como fue el caso esta semana de los posteos dedicados al gobernador de Chaco, Ignacio Torres. Sin embargo, pareciera no ser la misma libertad que rige para la representación y visibilización de las minorías.

En diálogo con Rosarioplus.com, Carolina Villanueva Co-fundadora y directora de Grow, género y trabajo, una consultora que analiza políticas de inclusión e inserción laboral de mujeres y el colectivo LGBTIQ, se refirió a esta decisión y a cómo observan las últimas definiciones del gobierno.

– ¿Cómo ven la decisión del gobierno de eliminar el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública?

– Carolina Villanueva: Desde Grow género y trabajo vemos con preocupación esta decisión del gobierno. Lo entendemos en principio como una provocación, quizás una intención de despertar ciertas discusiones en relación al tema, pero que por supuesto tiene una repercusión directa. Partiendo del hecho de que las comunicaciones oficiales van a dejar de representar y visibilizar a determinados públicos que habían ganado un espacio -las mujeres desde el lenguaje con el uso de la a y las personas no binarias con la e y muchos otros colectivos-. Para nosotras debilita el sentido de la democracia, que es el gobernar para todos y en este marco la representación también de las minorías, como un valor democrático. 

– ¿Generará esta decisión repercusiones en otros niveles, como el laboral, el educativo, la cotidianeidad de la población?

– C.V.: Esto repercute desde lo simbólico y también desde lo muy concreto en los ámbitos de trabajo. El gobierno se está posicionando sobre la agenda de géneros y diversidad en un lugar, no sólo de no priorización, sino también de conflicto, desvalorización y desinversión. Claro que esto también se ve en la inversión privada que se está asignando a esta agenda, en la inserción laboral de estas minorías, repercute en la profundización de la brecha de género. También en la cotidianeidad sobre determinados grupos y colectivos que ya están sufriendo discriminaciones en la calle y en los ámbitos de trabajo. Que el presidente encarne estos discursos, genera violencia.  

– El planteo no es sólo la eliminación del lenguaje inclusivo sino la sanción a quien lo utilice ¿Es legal esta medida?

– C.V.: La eliminación de lenguaje inclusivo en la administración central tiene además este punto que nos parece sumamente grave que es el cómo se llevará adelante esta implementación, que tiene que ver con sanciones y correctivos a quienes continúen usando el inclusivo en documentos públicos. Esto es gravísimo porque justamente la obligación del Estado es la aplicación de la perspectiva de género y el achicamiento o la eliminación de las brechas de género, ya sean económicas, de representatividad o de participación política. No la sanción a quien decida visibilizar a las minorías con el uso de la e. 

El escenario es crítico. En la actualidad hay una brecha en la tasa de actividad de 20 puntos entre hombres y mujeres. Además, una brecha salarial del 25% y si vamos hacia el terreno de la violencia de género, hay un homicidio cada 30 horas. Frente a este escenario hoy el Estado decide incumplir sus obligaciones y sus compromisos internacionales asumidos en la firma de distintos tratados para el diseño de políticas públicas para la igualdad de género. La situación es muy preocupante.