Las y los trabajadores del callcenter Hey Latam continúan en alerta. El conflicto que lleva ya más de dos meses sin resolución suma este lunes un nuevo capítulo con el acampe de los trabajadores pero esta vez ya no frente a la empresa, sino frente a sede de gobierno de Rosario. Es que esperan que el ejecutivo provincial los reciba y brinde una respuesta a sus reclamos que iniciaron el 20 de noviembre con un paro por tiempo indeterminado ante la cesantía de 301 empleados y luego la declaración de quiebra por parte de la empresa.

Ahora denuncian el intento de criminalización de la protesta por parte de Matrín Stauffer, el titular de la empresa, y la consecuente represión del acampe que se viene llevando adelante hace casi 50 días en las puertas de Hey Latam. 

 

 

"Este domingo realizamos una jornada cultural de visibilización en la Plaza San Martín para seguir reclamando contra los 301 despidos y para que no se de curso a la causa penal que solo busca criminalizar a las y los trabajadores que nos encontramos, en medio de esta crisis económica y sanitaria inédita, peleando por nuestro puestos de trabajo y contra la quiebra trucha e ilegal", expresaron en un comunicado los trabajadores.

En este mismo sentido aseguraron que "la patronal pide represion a los trabajadores luego de violar cada uno de nuestros derechos legales ya que no nos pago los sueldos, los aguinaldos y no acató intimaciones y multas del Ministerio de Trabajo".

En este marco los empleados de Hey Latam reclaman una reunión con el ejecutivo provincial en busca de una solución a para los 301 trabajadores cesanteados que no sea la represión del reclamo. "Por favor que el ejecutivo provincial nos reciba. No podemos permitir que una empresa que no solo despide masivamente a sus empleados, sino que realiza un terrible fraude al Estado, siga con este plan y el empresario impune, expresó uno de los trabajadores en diálogo con Rosarioplus.com.

"Como ya dijimos en contadas ocasiones, este callcenter nunca dejó de funcionar y vender durante la cuarentena, además de ser beneficiado por todo tipo de asistencia estatal como el ATP. El plan del empresario es sencillo: presentar una falsa quiebra, despedir a sus 300 empleados y reabrir con condiciones de trabajo más precarias y con pérdida de derecho laborales", detalló.

"No se puede permitir que este empresario siga actuando ilegalmente contra los trabajadores mientras estudiantes, madres solteras y jóvenes que vivimos de nuestra fuente de trabajo seguimos sin respuestas", concluyó.