La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este martes al Estado argentino por la desaparición forzada del matrimonio de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, ocurrida en un operativo policial y militar durante la dictadura en Argentina en 1976.

La sentencia indica la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.

La Corte determinó que los hechos ocurrieron en el contexto del gobierno militar instaurado en Argentina entre los años 1976-1983, período en el que se implementó y ejecutó un plan sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos en el marco de la Operación Cóndor.

El caso se remonta al 26 de septiembre de 1976 cuando se llevó a cabo un operativo policial y militar en la casa de la familia Julien-Grisonas, ubicada en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Mario Roger Julien Cáceres, de nacionalidad uruguaya, se había refugiado en Argentina por motivos políticos en 1973 a consecuencia del golpe de Estado en Uruguay. Julien fue detenido ilegalmente, herido y visto por última vez el día del operativo militar, aparentemente muerto, según la demanda presentada ante la CorteIDH.

Por su parte, Victoria Grisonas fue también detenida ilegalmente, brutalmente golpeada a plena luz del día frente a su hijo y vecinos, y conducida al centro Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de detención y tortura utilizados.

Los hijos de la pareja, Anatole y Victoria, fueron trasladados clandestinamente a Chile y abandonados en una plaza en Valparaíso, donde posteriormente fueron adoptados. Su abuela paterna luego de años de intensa búsqueda los localizó y fueron los primeros niños desaparecidos recuperados.

El Tribunal internacional, también estableció que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Anatole y Victoria, así como su derecho a conocer la verdad acerca del paradero y destino de los restos de su padre y madre biológicos.

En la sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado argentino, como el pago por daños materiales e inmateriales, esclarecer los hechos perpetrados contra Cáceres, realizar una búsqueda seria y con la debida diligencia del paradero de Grisonas y proveer una respuesta ante los requerimientos formulados por Anatole para proseguir en la búsqueda de sus restos.