Los transportistas de personas con discapacidad están al borde del abismo. Desde comienzo de año no pueden brindar su servicio, salvo contadas excepciones, por el abrupto incremento en el combustible. El freno en su actividad repercute directamente en la calidad de vida de las y los discapacitados, que no pueden llegar a las instituciones que ayudan a la rehabilitación, la recuperación, el estímulo y la inclusión. Se estima que en toda la provincia son unas 20 mil personas las afectadas por el cese del servicio, y unas 200 mil en el país. 

Pablo Bolego, presidente de la Federación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe, explicó que el reclamo del sector es por una recomposición arancelaria frente a los fuertes aumentos en los combustibles, el principal insumo de la actividad que representa. Los transportistas reclamaron durante todo 2023 para que el gobierno nacional aumente los aranceles acorde al proceso inflacionario. En diciembre, las dificultades saltaban a la vista, con un arancel por kilómetro recorrido de 272 pesos y el litro de gasoil a 328 pesos. Ese mismo mes, el combustible aumentó un 215 por ciento. 

“La ecuación hace que prácticamente no podamos salir a trabajar”, resume Bolego. “Esta ni siquiera es una medida de fuerza. Es un cese de servicio involuntario porque no podemos trabajar y eso repercute en el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, porque no están pudiendo llegar los concurrentes a las instituciones a rehabilitarse, a recuperarse, a incluirse”.  

Los titulares de servicio de transporte son unos 125 en Rosario, más de 300 en la provincia y cerca de 20 mil en todo el país. Su trabajo está regulado por la Ley 24901 que crea el Sistema de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad. Entre las prestaciones están los centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de habilitación, hogares, y el transporte, entre otros. 

El sistema se financia con el PAMI, las obras sociales sindicales y prepagas, y, a su vez, aquellas personas que no disponen de ningún tipo de cobertura tienen el Programa Federal de Salud que les otorga acceso a las prestaciones en igualdad de condiciones. Así, una persona que no tiene ningún tipo de recurso asiste al mismo centro, con la misma camioneta, que aquel que tiene obras sociales, sindicales o prepagas. 

“El Sistema ha sido virtuoso a lo largo de estos años, se han incluido muchas personas con discapacidad que no tenían el certificado y aún queda muchísimo, pero si no hay financiamiento se resiente y finalmente quiebra. Esto lo venimos reclamando hace muchos años.Ahora el aumento fue exponencial, muy fuerte, y termina sucediendo que las personas con discapacidad estén en sus casas sin rehabilitarse, los trabajadores transportistas sin poder salir a trabajar y las instituciones vacías”, detalló Bolego. 

Demasiado pronto

Bolego dice que prácticamente imploran a la Agencia Nacional de Discapacidad por una ayuda, un guiño, para que puedan seguir trabajando y atendiendo a las personas. La respuesta que reciben tanto de este área del gobierno libertario como de la Superintendencia de Servicios de Salud es que es “muy pronto” o que “el gobierno recién asume”. 

La única alternativa que tienen los transportistas, sin embargo, es apelar a la celeridad del gobierno para que encuentre una solución a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Pero tiene que ser ya mismo. Necesitamos una solución inmediata para salir a trabajar y después ver el verdadero aumento que se necesite para las diferentes prestaciones del sistema. Pero nosotros necesitamos salir a trabajar, estamos muy, muy preocupados”.

Las familias, una familia

El transporte es el primer eslabón de la cadena de servicios que la tiene las personas con discapacidad: se suben a un transporte adecuado para su traslado para poder asistir a un lugar a que te atiendan. Sin transporte no sólo no hay sistema de transporte, tampoco hay instituciones, atención y, por supuesto, sin transporte no hay mejoría en la calidad de vida de estas personas. Los vehículos en cuestión unen lugares inhóspitos con centros de salud. También unen a personas con el único plato de comida del día, el que pueden encontrar en las instituciones a las que ahora no pueden asistir. 

Los transportistas se relacionan diaria, semanal, mensualmente con niños, adultos y ancianos con distintas discapacidades. Durante años conviven en ese camino de la casa a un lugar del que, de a poquito, salen mejor. Ven los cambios físicos, expresivos, anímicos de las personas. Crean un vínculo que la crisis no rompió. “Las familias están siendo muy perjudicadas, pero aún así nos acompañan. La verdad es muy duro, durísimo, porque hay que decirle a la persona con discapacidad que no vamos a poder pasar a buscarlos porque realmente no se puede. Lo más perverso es que la continuidad de los servicios recaiga sobre las espaldas del prestador”.

Rosana tiene 61 años, es viuda y tiene una hija, Daiana, de 31, con retraso mental. Desde hace ocho años, Daiana va todos los días a un centro de día. Se levanta con un objetivo: esperar a la combi que la lleve y la traiga. Daiana es feliz en el centro de día: tiene amigos, hace colonia en el verano, juega, charla, tiene la vida social que no puede conseguir en otra institución. Para su mamá, el transporte es todo, es lo fundamental. Mientras ella trabaja, es la seguridad de que alguien lleva y trae con seguridad a su hija. 

“El transporte es una contención muy grande, parte fundamental de nuestra vida. En la pandemia, nos traían a casa las viandas y material para trabajar en casa. Son indispensables”, dice la mujer. Rosana renunció hace algunos años a la pensión por discapacidad porque la cobertura no abarcaba mucho. Le hizo el monotributo a su hija para que tenga obra social y aún así los riesgos en el sistema continuaron. “En una época mi hija estuvo 8 meses sin ir al centro de día porque la obra social no pagaba. Fueron ocho meses terroríficos, porque ella va para atrás. No es que nuestros hijos no puedan estar en casa. Pero esa no es la forma. Los anulamos completamente de su vida social”.

La mujer sabe que si se cae el sistema de prestaciones básicas será imposible sostener la calidad de vida de su hija. Ni siquiera le va a alcanzar para comprar su medicación. “Todos perdemos: los transportistas, los chicos, las familias. Es muy decepcionante el trato a las personas con discapacidad y su entorno”. Bolego, por su parte, concluye: “Ninguna de esas personas puede ganar calidad de vida si no funcionamos. Hay una involución real y concreta en su tratamiento, en su capacidad de mejorar y nuestro miedo es, finalmente, que se busque que el mercado cumpla el rol que le corresponde al Estado. Si esto sucede, van a poder acceder a las prestaciones solo aquellas personas que pueden pagar”.