Organizaciones dedicadas al abordaje de consumos problemáticos en Rosario manifestaron su preocupación por la falta de claridad en las políticas orientadas en la salud mental de las personas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y denunciaron la falta de pago de los convenios firmados durante el año 2019.

"La salud mental, en general, y los consumos problemáticos, en particular, como un aspecto de ella, no cuentan con la debida consideración, y es el dato más alarmante que encontramos en el análisis de la actual coyuntura", indicaron desde las asociaciones, a través de un comunicado, y agregaron: "Demandamos la elaboración, diseño e implementación de políticas públicas integrales, participativas y articuladas, que tengan a las organizaciones como protagonistas tanto en la etapa creativa como en la ejecutiva".

Según un relevamiento que realizaron las instituciones, durante la cuarentena se abordó la situación de más de 300 usuarios en las grandes ciudades de Santa Fe, comprometiendo para ello a cerca de 150 trabajadores. Al considerar una actividad esencial, en virtud de atender problemáticas vinculadas a la salud mental, las organizaciones nunca dejaron de funcionar desde que comenzó el aislamiento general obligatorio.

"Hemos visto incrementado nuestros gastos, puesto que, a los regulares costos de transporte, alquiler, servicios, salarios, etc., hemos tenido que sumar erogaciones extraordinarias destinadas principalmente a la compra de alimentos e insumos de higiene/limpieza personal e institucional", señalaron.

En el comunicado que lleva la firma de Red Puentes, Vínculo, PAR (Programa Andrés Rosario), Familia Grande Hogar de Cristo, Volver a la Vida, Nazareth, El Rincón Cultural y Unidos Todos Asociación Civil, las agrupaciones denunciaron la situación de "extrema gravedad" de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), dependiente del gobierno provincial, "puesto que da cuenta de la escasa relevancia otorgada a las problemáticas de consumo y a los dispositivos de asistencia en el actual contexto de pandemia durante los primeros 5 meses de gestión".

"Resulta muy gravoso para nuestros dispositivos que no se hayan cancelado las deudas vencidas por los convenios firmados durante el año 2019, y en algún punto insatisfactorio que la propuesta realizada con relación a los nuevos convenios de trabajo se haya planteado en el sentido de una renovación por seis meses con un monto acordado en el año 2019 en el marco de un proceso inflacionario de más del 50%", indicaron y añadieron: "En pocas palabras, la APRECOD se encuentra en deuda con las organizaciones que venimos poniéndole el cuerpo a la problemática del consumo en la provincia".

En tanto, las organizaciones remarcaron que los "preocupa sobremanera que en el marco de la pandemia predomine el discurso médico hegemónico, atendiendo casi exclusivamente la problemática epidemiológica y sanitaria, y se invisibilice y se desatienda la dimensión subjetiva, lo que constituye un serio retroceso clínico/político desde la perspectiva conceptual planteada por el art. 3 de la ley 26.657 (Protección de la Salud Mental)".

"Reclamamos que el estado provincial priorice en sus presupuestos esta problemática, que la gestión entienda las dimensiones del fenómeno, que no lo relativice ni subestime tampoco el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, la seriedad y el profesionalismo que las organizaciones ponemos en juego todos los días para transformar la realidad de una población muy golpeada, invisibilizada e históricamente menospreciada, como es la de los usuarios de salud mental", concluyeron.