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El cierre de la planta de Oil Combustibles (ex Refinería San Lorenzo) y el riesgo ambiental que podría provocar, preocupan a los legisladores provinciales, quienes solicitaron a la Provincia que declare la emergencia ambiental para evitar posibles desastres ecológicos. “Estamos en el límite de un desastre ambiental de proporcionales colosales”, advirtió el diputado provincial Ariel Bermúdez, autor de la iniciativa.

Tal como publicó Rosarioplus.com, la refinería tiene más de 20 mil litros de combustible almacenados en tanques y 82 bombas que periódicamente retiran el crudo de las napas para evitar cualquier derrame, y si bien hoy por hoy las tareas de control y de monitoreo están garantizadas, nadie sabe qué va a pasar a partir del 1º de abril cuando finalice la tregua pactada entre los actuales empresarios y los trabajadores.

El intendente de San Lorenzo encendió la alerta: “Si estas 82 bombas dejan de trabajar porque nadie las mantiene, ni paga el suministro eléctrico, ni las enciende, todo esto iría al arroyo San Lorenzo y al Paraná, y lo mismo pasa en el puerto donde habría una enorme mancha negra en el río", advirtió Leonardo Raimundo.

Ante este escenario, el legislador Bermúdez le pide al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia una “inmediata intervención”. “La provincia y las autoridades federales deben intervenir inmediatamente, no solo para defender las fuentes laborales, sino también para prevenir cualquier clase de contingencia asociada a los hidrocarburos allí depositados”, apuntó el diputado provincial. “De acuerdo a declaraciones del propio gerente de Seguridad de OIL, la empresa ha abandonado cualquier protocolo o medida de seguridad, quedando el material a la deriva”, agregó.

Según señala el proyecto de Bermúdez, el Ministerio de Medio Ambiente posee atribuciones concretas para intervenir en esta clase de conflictos. La ley provincial N° 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable “pone en cabeza de la autoridad de aplicación la intervención en orden a defender el ambiente frente a emergencias y catástrofes, como así también investigar de oficio o por denuncia de los particulares en sede administrativa, las acciones susceptibles de degradar el medio ambiente o los recursos naturales renovables o no renovables; y fiscalizar la utilización de las sustancias tóxicas, su transporte, tratamiento y disposición final, y el destino definitivo de los desechos de cualquier tipo”, cerró.