El gobierno provincial autorizó a la empresa Assa a que aumente 32% la tarifa del agua potable a partir de enero de 2021, por lo tanto, el incremento llegará a los santafesinos con la boleta de febrero. Diputados del bloque socialista advirtieron que el incremento no puede darse sin una audiencia pública previa y, de paso, cuestionaron falta de obras.

Además de señalar que la decisión de ordenar un aumento de forma inconsulta “vulnera el derecho con jerarquía constitucional de los usuarios”, la autora de la iniciativa, la diputada Clara García, también cuestionó que se haya invocado como pretexto “una habilitación de hace más de dos años en circunstancias diferentes” y cuando dicho acto ya no tiene valor jurídico.

“La omisión por parte de esta administración de los procedimientos institucionales para la toma de decisiones conllevaría a decisiones inconstitucionales”, advirtió García.

La legisladora del PS remarcó que el gobierno de la provincia le niega a los usuarios el debate sobre la rendición de cuentas de la empresa y que esa situación puede derivar "en la lisa y llana nulidad del aumento, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello podría acarrear”.

En tal sentido, García recordó la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento de tarifas de los usuarios residentes en un voto unánime que resolvió que la realización de una audiencia pública previa es un requisito obligatorio para la fijación de tarifas y que su no realización posibilita a los tribunales a considerar nulas dichas resoluciones.

En el caso de ASSA, recordó el socialismo, las audiencias públicas llevan una década de vigencia ininterrumpida. En este punto, García destacó que el caso de 2018, cuando por primera vez se desdobló el aumento, (uno se aplicó en enero y otro en mayo, siempre del mismo año) “es muy distinto a pretender aplicar un aumento sin la correspondiente celebración de una audiencia pública y justificar esa decisión con el supuesto aval de una audiencia que sesionó en noviembre de 2018, que claramente cesó en sus alcances y competencia”.

Finalmente, la legisladora también solicitó a las autoridades provinciales el detalle del plan de obras que tiene previsto realizar Aguas Santafesinas durante 2021. “El agua potable es un recurso más que fundamental y un derecho básico al que deben tener acceso todos los ciudadanos, por lo tanto el gobierno debe explicar qué acciones llevará adelante para garantizar este derecho, más aún en el contexto de pandemia de Covid-19 que estamos atravesando”, concluyó.