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La ciudad de San Lorenzo es un hervidero por estas horas: la Gendarmería detuvo este lunes a la noche a seis personas como probables miembros de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres y el comercio de estupefacientes, cubierta por un manto de protección policial y política en el que sale salpicado hasta el propio intendente, el radical Leonardo Raimundo.

La investigación partió de una denuncia radicada el año pasado por una mujer de San Nicolás en la Comisaría de la Mujer, quien reveló que había llegado hasta la ciudad histórica en plan de conseguir trabajo, que se empleó en un mini market del centro sanlorencino, pero que terminó obligada a prostituirse. El comercio en cuestión, sobre Oroño al 800, habría funcionado como una pantalla para esconder el funcionamiento de la red de trata y de venta de drogas.

Una nota publicada en Clarín el domingo pasado dio cuenta de que el fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, espera desde mayo pasado que el juez federal Marcelo Bailaque tome cartas en el asunto y cite a declaración indagatoria a los involucrados, ante el tenor de la denuncia. La acusación menciona a policías como encubridores del negocio ilegal y llega hasta el propio intendente.

Desde el comercio allanado se digitarían los servicios sexuales destinados, en su mayor parte, con el flujo de marineros mercantes que arriban a los puertos aceiteros del cordón industrial norte. Y se concretan en tres moteles sanlorencinos.

Los gendarmes llegaron el lunes a la noche al drugstore de Oroño al 800. En los fondos del local funcionaría un prostíbulo. Allí fueron detenidas cinco mujeres, entre ellas, Miriam Norma S., alias Mamu, señalada como la coordinadora de la organización investigada. Con ellas, también fue arrestado un hombre. Estos detenidos serían indagados este martes en el tribunal federal de bulevar Oroño al 900, en Rosario.