El fiscal de Homicidios Dolosos, Miguel Moreno, archivó la investigación de la muerte de Alejandro Ponce, cuyo cuerpo apareció en el río, a la altura de los silos Davis en octubre de 2015, luego de haber sido perseguido por la policía como sospechoso de un arrebato. La hipótesis de la familia es que el joven en su temor a ser detenido se arrojó al río, que no sabía nadar, y que los policías lo sumergieron a piedrazos. La semana pasada, el mismo fiscal también tomó la determinación de dejar de investigar el asesinato del joven Maximiliano Zamudio, otro caso de presunta violencia institucional.

Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional repudiaron la decisión de Moreno y solicitaron que Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario, resuelva sobre ambas causas antes de que finalice su mandato, el 6 de abril de 2017.

El 30 de octubre de 2015, según el relato de Luis, el hermano de Alejandro, ambos se encontraban pescando en la bajada de calle Balcarce cuando tres policías, uno con el arma desenfundada, los increparon, acusándolos de haber asaltado a una pareja. Asustados, los hermanos se arrojaron al río y, según la denuncia, los uniformados comenzaron a arrojarles piedras.

Luis logró nadar hasta la orilla, fue detenido en la Comisaría 3º y liberado 24 horas después. Pero Alejandro no sabía nadar y se ahogó. 

Para la fiscalía, en cambio, los hermanos Ponce le robaron a una pareja en el Parque Sunchales y se tiraron al río para no ser detenidos. Por lo tanto, Alejandro se ahogó sólo.

“El fiscal dice que Alejandro estaba robando y que se ahogó. Yo le dije que si fue así la policía tenía que haberlo salvado y detenido, no tirarle piedras para ahogarlo” dijo Mirta, madre del joven, aferrándose a “leyes básicas” de cualquier sociedad.

También, la semana pasada, Moreno desistió de la investigación del asesinato del joven Maximiliano Zamudio, el 26 de mayo de 2015 en barrio Tablada, presuntamente a manos de un suboficial de Prefectura Naval.

Desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional denunciaron que el trato del fiscal hacia los familiares de las víctimas fue “despectivo, irrespetuoso e irresponsable, negándose muchas veces a recibirlos y a brindarles información, así como se niega a tomar medidas probatorias solicitadas insistentemente por las querellas”.